La presidenta Cristina Fernández ratificó el anuncio del miércoles en Casa de Gobierno de impulsar la campaña “Mirar para cuidar”, en la que dijo que van a “utilizar las fuerzas de los movimientos sociales, juveniles y políticos” para desplegarlos en todo el territorio, con el objetivo de hacer cumplir el renovado acuerdo de precios con supermercados e hipermercados sobre 500 productos.

 

Tras el acto, en seguida, el anuncio generó una ola de repercusiones entre políticos, gremialistas y economistas tanto del oficialismo como de la oposición. Hubo voces a favor y en contra.

 

El dirigente socialista y representante legal de la entidad Consumidores Libres, Héctor Polino, expresó que “el nuevo acuerdo de precios de 500 productos debe comenzar con la publicación de los precios de referencia vigentes al 31 de mayo próximo. De lo contrario, no hay posibilidades de controlar si los precios que aparecen en las góndolas son los acordados”.

 

Polino también consideró que “el control de los precios incumbe exclusivamente a los organismos públicos competentes (nacionales, provinciales, y municipales) y a las organizaciones de la sociedad civil, como las entidades de consumidores”.

 

“Consumidores Libres, venía haciendo esa tarea desde hace 18 años, y el 24 de agosto del año 2012, la subsecretaria de Defensa del Consumidor sancionó a la entidad, por decir que los precios aumentaban”, reprochó a través de un comunicado.

 

Por su parte, el economista Juan Carlos de Pablo señaló que la decisión de la Presidenta le hizo acordar al movimiento de los “guardias rojos” de China: los “jovencitos” que buscaban “defender la revolución cultural”.

 

“Quiero ver cómo se implementa, puede ser una cosa desde dramática hasta risueña”, reseñó el economista.



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