La Delegación de Sustancias Peligrosas y Policía Ambiental recibió una denuncia de vecinos del Barrio Playa de los Lobos, e intervinieron en un campo mientras se realizaba una fumigación.

 

Desde las organizaciones medio ambientales celebraron este tipo de intervenciones, mientras los ediles deliberan sobre las modificaciones de la Ordenanza 18.740.

 

Los vecinos resolvieron realizar demandas jurídicas ante las fumigaciones y encontraron buena recepción. En 2010, el fallo del Tribunal de Familia N°2 ordenó al Ejecutivo la Reglamentación y aplicación de la Ordenanza 18.740; durante el 2012 se abrieron causas penales en los fueros provincial y nacional por violación a la Ley general de Medio Ambiente y demás disposiciones legales.

 

A comienzos del presente año, en el marco de una Acción de Amparo donde el titular del Poder Ejecutivo local figura como codemandado, la jueza Tonto de Bessone dio lugar a una medida cautelar en donde se comunicó a la empresa Isalema SA que se abstenga de aplicar agroquímicos hasta tanto no realice un informe de impacto ambiental.

 

“En este marco donde la justicia se orienta en una dirección unívoca y firmemente, los representantes del pueblo lo hacen como panqueques: en 2008 votan unánimemente la Ord. 18.740; en 2012 unánimemente la difieren para luego deliberar su anulación”, manifestaron.

 

La empresa Isalema SA se encuentra investigada penalmente por contaminación de cursos de agua ante la justicia Federal y demandada por “Acción de amparo, cese daño ambiental” ante los tribunales de jurisdicción provincial.

 

Dentro de este contexto, los efectivos de la Policía Ambiental respondió a una denuncia de los vecinos logrando identificar a los aplicadores que se negaron a mostrar la correspondiente “receta agronómica” (requisito normado por la Ley 10.699) y luego escondieron la maquinaria de aplicación en uno de los galpones del establecimiento.

 

“Este proceder obstinado y brutal, agrava la situación jurídica, toda vez que incurre en otra nueva violación a la Ley, esta vez el mismísimo dictamen de la justicia, no acatar una medida cautelar es una violación de orden penal”, señalaron los ambientalistas.



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