Contará con el respaldo de organismos de Derechos Humanos, espacios políticos y sociales y estará a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria.

 

La necesidad del observatorio surge a partir del análisis de la situación actual socioeconómica de la actividad pesquera.

 

Los trabajadores podrán realizar denuncias sobre situaciones que avasallen sus derechos.

 

El observatorio se lanzará este jueves 16 de mayo, a las 11, en la sede de la CTA -9 de Julio 3581.

 

La iniciativa, que partió desde el espacio Memoria Portuaria, estará a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria, que ya viene desarrollando desde hace años -a través de su Comité contra la Tortura- un importante trabajo de denuncias por las situaciones que se viven en las cárceles bonaerenses.

 

La intención, según adelantaron, es “que se puedan formular demandas o presentaciones colectivas ante las autoridades de aplicación (ministerios o secretarías competentes) o ante la Justicia”, y a su vez publicar un informe periódico de las denuncias recibidas y de las gestiones cumplidas y su resultado.

 

Frente a ello, como integrantes de organismos de derechos humanos formularon una serie de propuestas que pretenden visibilizar la envergadura del conflicto y señalaron nuevas bases para la actividad:

 

A) Derogación de la ley federal de pesca ya que en su artículo 27 dispone los cupos de pesca como propiedad para los empresarios, modalidad de privatización del mar.

 

B) En la futura nueva ley de pesca, el estado debe disponer de una empresa nacional con control de los trabajadores para garantizar la preservación del recurso y el trabajo en tierra; que la riqueza beneficie a mayorías y no a un grupito de inescrupulosos empresarios, ávidos de ganancia rápida.

 

C) Que en la actual crisis, los únicos que tengan una moratoria sean los trabajadores, que ninguno pierda su empleo, que ninguno sea despedido. Si se reactiva la producción, aquellos compañeros/as que procesan pescado en las plantas clandestinas, en situaciones precarias en galpones, en garajes se los blanquee bajo responsabilidad del dueño de la materia prima y no como ocurrió en otras ocasiones en que la municipalidad procedió a la clausura y los fileteros a la calle.

 

D) Que el convenio 161/75 sea la base para discutir un nuevo convenio para los trabajadores del sector. Que se rechace integralmente los convenios PYME impuesto en un acuerdo a la baja entre empresarios, la dirigencia claudicante del Soip con el aval del Ministerio de trabajo de Nación con la firma de la viceministra Noemí Rial después de la gran movilización de trabajadores portuarios del 2007.

 

E) Basándonos en los derechos ambientales reconocidos en la Constitución Nacional, a partir de la Reforma de 1994 en su artículo 41 plantear un amparo para preservar el recurso, permitiendo su renovación satisfactoria, poniendo freno a las prácticas de saqueo del caladero llevado a cabo por los empresarios pesqueros beneficiados con la cuotificación de la ley de pesca de 1997. Estos permisos de pesca deber ser observados mediante esta herramienta jurídica.

 

F) Analizar el funcionamiento de las cooperativas en la actividad portuaria para que el organismo gubernamental encargado de esa área verifique la legalidad de su formación y funcionamiento, retirando la matrícula si su dinámica no concuerda con lo establecido en la ley, blanqueando a los trabajadores afectados.



Siguiente Noticia Judiciales Bonaerenses anuncian paro de 48 horas

Noticia Anterior Derecho a votar y a manifestarse

Nos interesa tu opinión:

Comentarios:

No hay comentarios

Deja un comentario