El Gobierno habló de “complicidad” para mantener la suspensión del servicio de larga distancia, que entró en su cuarto día de paro perjudicando a miles de pasajeros, entre la UTA y la patronal, y el aplicó multas a 130 empresas.

 

“No quiero pensar que hay complicidad entre empresarios y algunos dirigentes sindicales para volver al sistema de subsidios”, advirtió el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien remarcó que “no se entiende que siga el paro de la UTA si los ministerios de Trabajo y de Interior resolvieron ayer un aumento salarial del 23 por ciento”.

 

Por su parte, el titular de Trabajo, Carlos Tomada, sostuvo que “está claro que la UTA está de acuerdo con el sector empresario y que la situación permite que la patronal se escude en el paro para no otorgar el incremento salarial, y además poder presionar al gobierno en función de volver a los subsidios”.

 

“Lo único que parece es que la UTA hace un doble juego, es decir, un paro sostenido en un lock-out empresario”, señaló Tomada, quien definió a la medida como “irracional e injustificada”.

 

A su vez, Randazzo dijo que “si sigue el paro hay complicidad”, y remarcó que, además de las sanciones que se aplicaron a las empresas por no brindar el servicio, si es necesario se caducarán los permisos de algunas empresas de transporte, que rechazaron el aumento dispuesto por el gobierno.

 

En declaraciones a C5N, Randazzo señaló que “la pregunta es por qué la UTA sigue de paro cuando ya le dieron lo reclamado; no quiero pensar que existe complicidad entre empresarios y sindicalistas, que pretenden tomar de rehenes a miles de pasajeros y sus familias para volver a las políticas de subsidios”.

 

En tanto, el titular de la UTA, Roberto Fernández, sostuvo en declaraciones a Télam que “no se puede pretender que el empresario pierda plata” y agregó que no está “contra el gobierno, pero al empresario lo defiendo porque me da trabajo”.

 

“Las partes tienen que sentarse a conversar porque se debe saber el costo que tienen los empresarios para conocer si ganan o pierden”, acotó el gremialista, quien opinó que una posibilidad sería “bajar impuestos para la compra de las gomas, que son importadas y valen muy caras” y que el Estado “asuma el 50 por ciento del costo de los pasajes para discapacitados”.

 

En este contexto, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) conducida por Ariel Franetovich, por encargo del ministerio de Interior y Transporte, sancionó a 130 empresas por el paro realizado por la UTA.

 

Desde la Gerencia de Fiscalización de la CNRT se informó que esas empresas fueron sancionadas con 228 actas de infracción por incumplimiento de servicios y cerrar sus boleterías.

 

En un comunicado, la CNRT informó que se están labrando las actas en las distintas delegaciones que tiene el organismo en todo el país y la Gerencia de Calidad del organismo abrió un canal de recepción de denuncias para que los pasajeros efectúen la devolución del pasaje.

 

Pese a que el gobierno dispuso un aumento del 23 por ciento desde el 1 de abril hasta fines de diciembre, los afiliados a la UTA mantienen la huelga -que este domingo cumplió su cuarto día- debido a que los empresarios señalan que será de “imposible cumplimiento” la resolución firmada por las carteras de Trabajo y del Interior y Transporte.

 

El gobierno nacional instó a la UTA y a los empresarios a normalizar el servicio de micros de larga distancia tras disponer el incremento salarial y advirtió a las cámaras empresarias que “no se aceptarán extorsiones para volver al viejo sistema de subsidios”.

 



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