El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires concretó las tres primeras denuncias penales contra los dueños de establecimientos educativos de gestión privada que se niegan sistemáticamente a realizar los aportes previsionales de sus docentes.

 

Las presentaciones fueron realizadas por el presidente del IPS, Mariano Cascallares, el Fiscal de Estado provincial, Hernán Gómez, y el secretario Letrado, Martín Lasarte, ante los fiscales de Delitos Complejos de La Plata Esteban Lombardo y María Victoria Huergo.

 

A la salida de las dependencias de la Justicia penal, Cascallares recordó que “pusimos en marcha planes de pagos, los intimamos, convocamos a las federaciones que representan a los colegios y al gremio Sadop, e iniciamos más de 200 juicios de apremio. Ahora iniciamos la primera tanda de denuncias penales en el marco de la Ley Penal Tributaria”.

 

Cascallares insistió: “Por indicación del gobernador Daniel Scioli, vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para defender a los trabajadores y a nuestra Caja previsional”.

 

Los colegios cuyos propietarios fueron denunciados penalmente son de Mar del Plata, Morón y Monte Grande. Entre las tres empresas, que funcionan en zonas acomodadas y cobran importantes cuotas, adeudan más de $3 millones en concepto de aportes previsionales no efectuados.

 

Tras efectuar la denuncia, el fiscal de Estado Hernán Gómez, explicó que “ la Provincia se presentó como particular damnificado porque se trata de fondos que tendrían que haber ingresado a través del IPS y las medidas las tomará el fiscal que va a actuar en esta causa” y agregó: “Acá estamos hablando de evasión de cargas previsionales”.

 

El Artículo 9° de la Ley Penal Tributaria dispone: “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase los $20 mil por cada mes”.

 

En ese contexto, el IPS realizó una exhaustiva evaluación de cada establecimiento educativo con deuda previsional y se definió que tres colegios eran pasibles de una denuncia penal. ¿La consecuencia? Sus propietarios podrían ser condenados por la Justicia a una pena de entre dos y seis años de prisión.

 

El delito que estarían cometiendo quienes retienen aportes previsionales se denomina “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”.

 

Datos

 

En el año 2012, eI IPS consiguió una notable reducción en los niveles de morosidad previsional de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo al recuperar deudas previsionales por más de $330 millones, lo que representa el 78% del total de la deuda que se acumulaba hace poco más de un año.

 

Mientras tanto, se informó que unos 30 niveles educativos privados de los 203 que fueron enviados a la Justicia por negarse a efectivizar los aportes de sus trabajadores, se acercaron comprometiéndose a regularizar su situación. Los 173 expedientes restantes se enviaron a Tribunales.

 

En la Provincia de Buenos Aires funcionan unos 6.700 niveles educativos privados abiertos, de los cuales el 15% mantiene deuda no regularizada. En los últimos meses se regularizaron mediante diferentes vías (planes de pago o cancelación al contado) $360.243.854.



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