El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, compuesto por los jueces Pablo Javier Viñas, Aldo Daniel Carnevale, y Juan Facundo Gómez Urso, condenó a Roberto Segura y a Leonel Martínez, a siete años y siete años y seis meses de prisión, respectivamente, por hallarlos culpable por el robo doblemente agravado y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real.

 

Los magistrados otorgaron una pena superior a la solicitada por el fiscal, ya que entendieron que el uso de un cuchillo fue para amedrentar a las víctimas.

 

El ilícito sucedió el 15 de junio de 2010, aproximadamente las 20:45, cuando una banda conformada por cinco delincuentes, dos de ellos mayores de edad y los restantes no identificados, ingresaron en la vivienda ubicada en la calle 36 bis N° 4836 del Barrio Alfar, donde amenazaron a los habitantes del lugar, sustrayéndoles electrodomésticos, artículos de oro y dinero, dándose a la fuga en un auto Ford Taunus, también robado en el lugar donde previamente habían atado de pies y manos a los moradores asaltados.

 

En la sentencia, los jueces detallaron que el fiscal dio por probado durante su alegato que el día 18 de julio del año 2011 se llevó a cabo el secuestro de la pistola calibre 635, marca “Taurus PT 51”, en el domicilio de la calle Mario Bravo esquina Edison en donde vivía Roberto Damián Segura, por más que no presentó las pruebas ni testigos y numerarios policiales que participaron del allanamiento. Por ese delito Segura tuvo que ser absuelto ante la falta de pruebas.

 

La acusación del fiscal Vicente fue por robo agravado por el uso de “armas de fuego cuya aptitud no se ha podido acreditar” y fue excluido el uso del cuchillo como arma durante el robo, pero pudo sostener como agravantes la pluralidad de intervinientes, la nocturnidad en el hecho, la extensión del daño causado, la presencia de personas del sexo femenino en el interior de la casa, el grado de violencia desplegado durante el asalto, y las condenas firmes que pesan sobre cada uno de los condenados.

 

El Tribunal, por unanimidad, entendió que el cuchillo se había utilizado como arma para amedrentar a las víctimas, calificando el hecho como robo agravado por el uso de “armas de fuego cuya aptitud no se ha podido acreditar”, por el uso de arma blanca y por su comisión en poblado y en banda y mantuvieron los hechos tal como estaban probados, difiriendo con la calificación legal propuesta por el Fiscal.



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