La Cámara Baja aprobó y giró al Senado los proyectos de reforma judicial referidos a la regulación del ingreso a la carrera judicial, el que establece la publicidad de las resoluciones de la Corte Suprema, y el que obliga a publicar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.

 

Para poder avanzar en la reforma judicial el oficialismo debió reunir quórum con el apoyo de los aliados que respaldan la mayoría de los proyectos del gobierno nacional como Nuevo Encuentro, Frente Cívico de Santiago del Estero, Movimiento Popular Neuquino, PJ La Pampa y otros monobloques.

 

El oficialismo reunió 133 votos contra 109 opositores para el proyecto de democratización del acceso a la carrera judicial, mientras que en el caso del despacho que fija la publicidad de las resoluciones de la Corte y del estado de las causas en segundo instancia obtuvo 140 votos contra 101 y en la iniciativa de publicación de las declaraciones juradas patrimoniales consiguió 136 a 106.

 

En tanto que los proyectos fueron rechazados por un conglomerado heterogéneo de bloques parlamentarios conformado por la UCR, el PRO, EL FAP, los ex duhaldistas que conforman el Frente Peronista, quienes plasmaron las expresiones realizadas por sus legisladores a lo largo de un debate que se extendió por más de diez horas.

 

En el cierre del debate, el presidente de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, dijo que “el voto de la oposición marca una actitud política, y es que siguen votando para que las declaraciones de los jueces sigan en sobre cerrado y para que ningún argentino las vea; para seguir con el poder elitista de los integrantes del Poder Judicial y para que no se tenga un sistema informático que permita conocer el estado procesal de cada una de las causas”.

 

Y agregó: “en privado algunos diputados de la oposición me decían: `¿para que se metieron con esto?`, y les digo que nos metemos porque tenemos la profunda voluntad de cambiar las cosas que creemos que se pueden cambiar en la Argentina”.

 

Desde el radicalismo, Ricardo Alfonsín cuestionó los proyectos al señalar que como otras veces “suelen usar causas nobles para ocultar segundas intenciones que de nobles tienen muy poco; y este recurso coloca a la oposición en posición incómoda, porque corremos el riesgo de que se malinterpreten nuestras posturas a partir de que alguien entienda que nos estamos oponiendo a las intenciones explicitadas, a las nobles”.

 

Uno de los proyectos regula el ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público Fiscal de la Nación mediante el procedimiento de concurso público.

 

Esta iniciativa dispone que los candidatos a ingresar al sistema judicial, desde el escalafón más bajo, deberán realizar un examen de conocimientos básicos y que se conformará una nómina de ingresantes y entre ellos se hará un sorteo a través de Lotería Nacional.

 

El segundo proyecto establece el carácter público y de libre accesibilidad por Internet de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos.

 

La tercera de las iniciativas prevé que sea obligatoria la publicación de todos los fallos judiciales en Internet; más precisamente las acordadas, resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Segunda Instancia en lo Federal de todo el país, el mismo día de su dictado, después de notificar a las partes.



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