La ong Familiares Víctimas del Delito y Tránsito de Mar del Plata solicitó al intendente Gustavo Pulti que declare la ciudad de Mar del Plata en “estado de emergencia de seguridad” y avance con la creación de un comité de crisis, pedido por esta institución en 2009.

 

Los integrantes de la asociación que este año cumplirá diez años de existencia, afirmaron que en lo que va del año se registraron dieciocho muertes, reflejando una estadística récord de homicidios en esta ciudad.

 

A través de un comunicado manifestaron que “podemos opinar con conocimiento de causa, ya que nuestra institución en estos casi diez años de trabajo es testigo de como el nivel de violencia y desprecio a la vida se ha incrementado y a llegado a un límite incontrolable para quienes tienen la obligación de garantizarle a la sociedad un presente y un futuro en paz”.

 

Desde Familiares Víctimas del Delito, su titular Marcela Bravo, y uno de sus voceros Gastón Herrera, dejaron en claro que han sido “innumerables” los proyectos e ideas aportadas desde la ong a la justicia, autoridades políticas y la policía, “de las cuales prácticamente nunca obtuvimos respuesta alguna”.

 

Más adelante, entendieron que se está próximo a un estallido social, donde la ciudadanía ya no tiene margen de tolerancia.

 

“Como lo ha sido a lo largo de esta década de existencia, seguiremos sosteniendo nuestro mensaje de paz y esperanza y de ninguna manera queremos que le gente se torne con más violencia por la indignación que generan los hechos de delito en la ciudad“, expresaron.

 

Ante lo expuesto, desde la asociación le solicitaron al intendente Gustavo Pulti que declare la ciudad “en estado de emergencia de seguridad y tenga en cuenta la creación del comité de crisis pedido por nuestra ong en 2009”.

 

De dicho comité debería esta al frente el Intendente acompañado por el presidente de la Cámara Penal, el Jefe Departamental de Policía, el Fiscal General, el director del Servicio Penitenciario, el director de Seguridad Municipal y quien crea necesario el Intendente, “y a través del comité generar recursos extraordinarios para poner en funcionamiento un plan urgente y coordinado para combatir y prevenir el delito”, explicaron.

 

Para finalizar, entendieron que la actual situación “nos obliga a tener que exigir que se terminen las palabras y se comience una acción inmediata. Solicitamos una trabajo comunitario entre policía, justicia y gobierno tanto oficial como opositor”.



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