La tandilense Fátima Silva, referente de la Quinta Sección de Unión Celeste y Blanco, habló sobre la inseguridad a partir de los últimos hechos registrados en la ciudad de Junín, que se repiten en otras ciudades del interior provincial, y que nuevamente abrió la discusión sobre el rol de la policía, la justicia y la violencia de los hechos delictivos que sacuden la tranquilidad de los ciudadanos bonaerenses.

 

Al ser consultada cómo ve la seguridad en la Provincia, la dirigente manifestó que “la realidad respecto de la inseguridad es cada vez más grave y si bien hace unos años se circunscribía al Conurbano bonaerense, desde hace un tiempo se ha trasladado al interior de la Provincia”.

 

Puntualizó que “es más grave el nivel de delitos que se cometen con mucha agresividad donde vemos que la mayoría de las veces la víctima es golpeada por los delincuentes y peor aún pierden su vida”.

 

En este sentido, Silva refirió que “esto hace que la gente de las ciudades del interior de la Provincia vivamos cada vez con más temor, con el miedo permanente y lógico de no saber si cualquiera de nosotros somos la próxima víctima de la inseguridad”.

 

La prevención fue señalada por la referente de Unión Celeste y Blanco de la Quinta Sección como una de las herramientas fundamentales para abordar esta problemática.

 

“Realmente creo que la inseguridad se combate con prevención que debe ser sistemática, permanente e ininterrumpida. El patrullaje permanente es indispensable, claro que para que ello suceda nuestra Policía debe contar con los medios suficientes y el conocimiento jurídico y de procedimiento para llevar adelante esa tarea. Y remarcó que “si el Estado quiere seguridad para los ciudadanos debe invertir en ello”.

 

La posibilidad de que los intendentes manejen una parte de la seguridad a través de la denominada Policía Comunal, proyecto que también se instaló en la discusión en los últimos días, mereció el análisis por parte de Fátima Silva, para quien “si bien podría ser un buen complemento y ayudar a descomprimir la situación actual, hablar de Policía Comunal nos obliga primero a definir tres cuestiones previas: para que cualquier intendente asuma la responsabilidad frente a su pueblo debe tener libertad de decisión respecto de la misma.

 

Se debe establecer muy claramente respecto de los fondos que se van a atribuir a la misma porque de lo contrario nos podemos encontrar con que ciudades económicamente más enriquecidas tengan una seguridad diferenciada de aquellos municipios más empobrecidos, lo que finalmente nos llevaría a tener un problema más y no una solución como se intenta buscar. Y algo primordial es ver dónde y cómo se van a capacitar a los integrantes de esa fuerza, porque es de suma importancia que conozcan sus facultades y cómo desempeñarse ante cada situación que se les pueda presentar. Por ello, esto nos obliga a plantear que la Policía Comunal no es una solución en lo inmediato”.

 

Para la dirigente tandilense, la Justicia juega un papel muy importante: “en primer lugar, debería trabajar en conjunto con la Policía. Deben ser un equipo, es la única forma en que esto puede funcionar. Si las fiscalías y la Policía no se entienden, los ciudadanos estamos en problemas. Y en segundo lugar, la Justicia debería hacer su mejor esfuerzo con la normativa vigente a su disposición para limitar las excarcelaciones, impedir que los delincuentes queden libres antes de cumplir sus penas, acelerar los expedientes y así llegar al juicio oral con mayor inmediatez”.

 

Asimismo se mostró confiada en que es posible acelerar los expedientes para llegar a juicio oral con mayor rapidez, puntualizando que se debe tener presente que “los funcionarios y magistrados están obligados a prestar sus servicios poniendo todo su empeño, toda su capacidad para que la Justicia llegue bien y pronto a los ciudadanos. Y si estamos en emergencia judicial tanto el funcionario como el magistrado deben estar disponibles durante todas las horas del día que sean necesarias. El horario de 8 a 14 en los juzgados es solo de atención al público, pero no rige para el servicio que deben prestar los funcionarios y magistrados”, concluyó Silva.



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