La Cancillería rechazó el referéndum que se llevará a cabo a partir del domingo en las Islas Malvinas y afirmó que “el Reino Unido intenta tergiversar la controversia que mantiene con la Argentina antes que resolverla”.

 

Mediante un comunicado, la Cancillería señaló que la iniciativa británica “no encuentra sustento en ninguna de las 40 Resoluciones de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”.

 

“La República Argentina lamenta estas iniciativas irresponsables y de mala fe del Reino Unido e insta a ese país a reconsiderar seriamente su política orientada a desinformar sobre la realidad jurídica y política del territorio disputado que habita”, agregó.

 

Mientras tanto, legisladores del oficialismo y de la oposición impulsan en el Congreso un proyecto de declaración para manifestar el rechazo de la Argentina al referéndum en las Malvinas.

 

Se trata de un proyecto de resolución que comenzó a circular en el Senado, impulsado por el presidente del interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP), Rubén Giustiniani, y que podría ser aprobada en la sesión del próximo miércoles, según indicaron fuentes de varios bloques.

 

La iniciativa ya cuenta con las adhesiones de los senadores Jaime Linares, del FAP, Daniel Filmus, del oficialismo, y Ernesto Sanz, de la UCR, quienes sumaron sus firmas a la del autor del proyecto, según confirmaron las fuentes consultadas.

 

“La realización del referéndum por parte del ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas es una iniciativa contraria a las Resoluciones emanadas de las Naciones Unidas”, afirmó Giustiniani mediante un comunicado.

 

En este sentido, el senador y dirigente del Partido Socialista señaló que las Naciones Unidas “han establecido claramente el modo de solucionar la disputa de soberanía, a través de la reanudación de las negociaciones entre ambos países”.

 

Por ello, Giustiniani remarcó que el plebiscito en el cual los isleños votarán a favor o en contra de que las islas continúen siendo un territorio autónomo del Reino Unido “no tiene ningún sustento ni validación en el Derecho Internacional”.

 

Según el senador, “permitir que la población británica de las islas se constituya en árbitro de una disputa de la que su propio país es parte tergiversa el derecho a la libre determinación de los pueblos”.



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