Los acusados fueron hallados culpables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, en el marco del denominado juicio “Base Naval II”.

 

Se trata del ex teniente coronel del Ejército Alfredo Manuel Arrillaga y los ex marinos Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani y Mario José Osvaldo Forbice.

 

La decisión fue adoptada por los jueces Alejandro Daniel Esmoris, Jorge Aníbal Michelli y Nelson Javier Jarazo, que integran el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, quienes coincidieron con el pedido fiscal y de los particulares damnificados en esos siete casos.

 

Los condenados fueron investigados por homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de 69 perseguidos políticos, en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata, Prefectura Naval Argentina y Escuela de Infantería de Marina (E.S.I.M).

 

En tanto, los ex marinos Justo Alberto Ignacio Ortiz, Julio Cesar Falcke y Angel Narciso Racedo fueron condenados a 25, 14 y 12 años de prisión, respectivamente; los ex prefectos Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva a 14 y 10; y el ex marino Juan Carlos Guyot, abogado auditor de la marina, a 3 años de prisión.

 

Entre las víctimas se encuentran Susana Haydeé Valor (embarazada) y su pareja, Omar Alejandro Marocchi; Susana Beatriz Pegoraro (embarazada); Laura Adhelma Godoy de De Ángeli (embarazada); Liliana del Carmen Pereyra (embarazada) y su pareja, Eduardo Alberto Cagnola; y Patricia Elizabeth Marcuzzo (embarazada) y su pareja, Walter Claudio Rosenfeld.

 

En octubre último los representantes del Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitaron, además de las perpetuas a los siete represores, las penas de 25 años de prisión a Ortiz, Falcke y Racedo y a los ex prefectos Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva.

 

Además, la fiscalía y el organismo provincial de derechos humanos solicitaron que se le aplicara la pena de 4 años de prisión a Guyot, mientras que la dependencia nacional requirió que le aplicaran 15 años y la APDH había pedido 6 años.

 

En esta causa también estaba acusado el ex coronel Aldo Carlos Máspero, quien fue apartado por cuestiones de salud, y durante la instrucción fallecieron el ex marino Juan Carlos Malugani y el ex jefe de la Subzona XV del Ejército Pedro Barda, también imputados.



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