El gobierno pedirá, en el primer día hábil del año, que la Cámara Federal Civil y Comercial Federal habilite la feria judicial de enero para resolver con “celeridad” la causa planteada por el grupo Clarín contra la Ley de Medios.

 

La presentación la hará a primera hora la Jefatura de Gabinete de Ministros que, con el patrocinio de la Procuración General del Tesoro –el cuerpo de abogados del Estado- se sumará al reclamo realizado la semana pasada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

 

El pedido de habilitación de feria llega luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazó el per saltum solicitado por el Poder Ejecutivo para avocarse a la cuestión de fondo de la constitucionalidad de dos artículos de la norma, y simultáneamente confirmó la extensión de la medida cautelar que mantiene bloqueada la ley para el grupo Clarín.

 

El máximo tribunal reclamó “celeridad” a la Cámara pero no le fijó plazos, a diferencia de lo que hizo con el juez de primera instancia Horacio Alfonso, quien declaró constitucional los artículos 161 y 45 de la ley.

 

La apelación del grupo Clarín bloqueó nuevamente la implementación de la ley para sus medios, dejando la resolución del tema en manos de la Cámara, que es la misma que ya había fijado la cautelar suspensiva.

 

Con el pedido de habilitación de feria el Gobierno busca que en enero se cumplimenten trámites procesales para que, cuando en febrero se reinicie la actividad tribunalicia, la Sala I de la Cámara esté en condiciones de resolver si la ley es constitucional o no.

 

El tribunal quedó integrado por sorteo para atender los temas durante enero por los jueces Francisco De las Carreras, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina, los dos primeros integrantes de la Sala I que debe resolver la cuestión de fondo y que fueron denunciados por el Gobierno por no apartarse luego de asistir a un evento en Miami organizado por el grupo Clarín.

 

Si accede al pedido oficial debería requerir al Grupo Clarín los fundamentos de su apelación al fallo del juez Alfonso, para lo que tienen 10 días hábiles, y luego que cada parte le conteste a la otra, para lo que también cuentan con 10 días.

 

Fuentes judiciales se manifestaron sin embargo pesimistas en torno a que la Cámara acepte el pedido atento a las señales que la propia Corte Suprema emitió sobre el expediente cuando, al negarle el per saltum y ratificar la cautelar, no habilitó días y horarios, dando carácter urgente a la resolución.



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