La Justicia Federal de Mar del Plata hizo lugar, nuevamente, a acciones presentadas por trabajadores del sector público y privado, patrocinados por la doctora Claudia Weihmüller y el doctor Julio Hikkilo para que no se les descuente de sus salarios el impuesto a las ganancias.

 

En este caso, la resolución provino del Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad, a cargo del doctor Eduardo Jimenez, quien intimó al Estado Nacional y al AFIP para que en el plazo de 62 días contesten el reclamo efectuado por los trabajadores.

 

Cabe recordar que, el pasado 18 de diciembre otro grupo de trabajadores, patrocinados por ambos letrados, consiguieron que se les hiciera lugar a sus reclamos.

 

La falta de cumplimiento de la ley por parte del Gobierno motivó nuevas presentaciones en forma colectiva de los trabajadores por el impuesto a las ganancias ante la justicia federal local para proteger su salario.

 

Como se sabe, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la obligación legal impuesta por el artículo 25 de la Ley 20.268 de actualizar anualmente los montos a partir del cual los trabajadores deben pagar impuesto a las ganancias.

 

Sin embargo, desde el año 2011 que no lo hace. Esta deliberada omisión hace que cada vez mayor número de trabajadores que cobran bajos salarios sufran retención en sus haberes por este impuesto, disminuyendo notoriamente sus ingresos. Además implica que gran parte de los aumentos de haberes obtenidos en las paritarias y aguinaldo (SAC), quedan en poder del Estado.

 

Mientras que en el presupuesto de 2013 el Ejecutivo nuevamente no prevé actualizar los montos no imponibles para los trabajadores, incumpliendo la normativa vigente y desoyendo una resolución judicial del JuzgadoFederal de esta ciudad que hizo lugar a una acción de amparo ordenando a la AFIP-DGI no descontar este impuesto a un trabajador hasta tanto el Poder Ejecutivo cumpliere la ley y actualizara los montos.

 

Hasta la fecha el Poder Ejecutivo no lo ha hecho, pese al malestar de miles de trabajadores, impidiendo con ello el progreso económico con justicia social e imponiendo a los trabajadores en relación de dependencia cargas que no se imponen siquiera a los grandes empleadores.

 

“Es inmoral, arbitrario e injusto que los trabajadores deben pagar este impuesto al salario, cuando ya están tributando otros impuestos internos, como lo es el IVA, mientras que las rentas financieras están exentas”, manifestaron los letrados.



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