La Cámara de Diputados convirtió anoche en ley el proyecto que modifica la normativa sobre prevención y sanción de la trata de personas, incorporando severas penas para quienes incurran en ese delito, en una votación unánime respaldada por 224 diputados de la mayoría de los bloques del cuerpo.

 

La iniciativa fue debatida en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse el fallo de la justicia tucumana que absolvió a los 13 acusados de la desaparición de la joven Marita Verón.

 

El debate, que se extendió por poco más de nueve horas, se desarrolló con la presencia de Susana Trimarco, quien fue aplaudida por los diputados cuando el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, anunció que se encontraba en uno de los palcos del recinto.

 

También siguió el debate desde la Cámara baja, la senadora tucumana Beatriz Rojkes, esposa del gobernador de esa provincia, José Alperovich, y autora, junto al senador (mandato cumplido) Sergio Mansilla, del proyecto que se debatió.

 

Además, los diputados exhibieron en sus bancas fotos de Marita Verón con el reclamo de justicia y otras imágenes con huellas de manos de color rojo con la leyenda “No a la Trata”.

 

En la votación, a la que sólo faltaron 31 diputados, se registró una abstención, perteneciente a la diputada de Democracia igualitaria y participativa, Marcela Rodríguez.

 

La modificación a la Ley de Trata de personas plantea más derechos para las víctimas porque, además de buscar condenar a los culpables del delito, intenta dar un salto en la prevención.

 

Para las víctimas que tienen que testificar en un juicio, la nueva propuesta modifica el Código Procesal Penal para que las declaraciones sean realizadas ante un psicólogo designado por el tribunal y en ningún caso por las partes.

 

Otro de los puntos principales de la modificación es que el consentimiento de la víctima no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal para los autores del delito.

 

Además, ordena la creación de un registro de estadísticas, sobre la base de un sistema sincronizado de denuncias que deberá resguardar los datos durante 10 años, con fines de investigación.



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