La Cámara de Diputados buscará aprobar la próxima semana el proyecto por el cual se modifica la ley 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas, que cuenta con media sanción del Senado.

 

El proyecto se tratará el martes en un plenario de comisiones y la intención del oficialismo es emitir dictamen favorable y debatirlo el miércoles en el recinto de la cámara baja para convertirlo en ley, en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 

De esta forma, quedaría convertido en ley el proyecto aprobado en agosto de 2011 en el Senado que modifica la ley 26.364, que contempla ampliar las condenas para los delitos de explotación sexual simple entre 2 y 4 años, mientras que la agravada establecía penas de prisión de 5 a 15 años cuando las víctimas hubiesen quedado embarazadas o fueran menores de edad.

 

Tras conocerse el fallo de la justicia tucumana que absolvió a los acusados por la desaparición de Marita Verón, la Presidenta afirmó ayer que existe “un divorcio cada vez más evidente entre la sociedad y la Justicia” y se comprometió “a impulsar una democratización” del Poder Judicial.

 

“La semana próxima tendremos nueva ley de trata. Promover la prostitución, reducir a servidumbre y la trata serán delitos no excarcelables. El decomiso de los bienes usados para esos delitos conformará un fondo especial de asistencia a las víctimas”, informó la diputada nacional del Frente para la Victoria, Diana Conti.

 

La legisladora explicó que con esta normativa los jueces contarán “con instrumentos idóneos para combatir el flagelo de la trata”.

 

En tanto, los diputados nacionales de la UCR, el FAP y el PRO se comprometieron a “facilitar” el debate y a “aunar criterios” para que el proyecto sea convertido en ley “lo antes posible” y con la “mayor legitimidad”.

 

Así lo manifestaron, durante una conferencia de prensa, los diputados radicales Ricardo Gil Lavedra, María Luisa Storani, Juan Pedro Tunessi, Miguel Bazze, Oscar Aguad y María Elsa Álvarez; Victoria Donda, del FAP; Patricia Bullrich, de Unión por Todos; y Paula Bertol y Gladys González, del PRO.

 

La modificación plantea más derechos para las víctimas porque, además de buscar condenar a los culpables del delito, intenta dar un salto en la prevención.

 

Para las víctimas que tienen que testificar en un juicio, la nueva propuesta modifica el Código Procesal Penal para que las declaraciones sean realizadas por un psicólogo designado por el tribunal y en ningún caso por las partes.

 

Además, la legisladora explicó que “se crea un consejo federal de lucha contra la trata y un comité ejecutivo con la función de elaborar planes de capacitación y formación y cooperación con las provincias para la puesta en marcha de estas leyes”.

 

Otro de los puntos principales de la modificación es que el consentimiento de la víctima no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal para los autores del delito.

 

Además, ordena la creación de un registro de estadísticas, sobre la base de un sistema sincronizado de denuncias que deberá resguardar los datos durante 10 años, con fines de investigación; y la penas de las penas.



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