Organizaciones de Derechos Humanos exigieron el juicio político de quienes emitieron el fallo que absolvió a los imputados en el juicio por el secuestro y la desaparición de Marita Verón y bregaron por la democratización del poder judicial.

 

“Los jueces Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano, lejos de impartir justicia, han brindado impunidad, y han hecho retroceder al país en los avances en la lucha contra la trata de personas y los derechos humanos”, leyó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, organización en cuya sede se presentó el documento.

 

El comunicado, suscripto también por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), HIJOS y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, indicó que “en muchos casos la trata de personas entraña también la corrupción de los funcionarios estatales”.

 

Y advirtió que tanto fuerzas de seguridad como inspectores municipales “suelen recibir dinero o dádivas a cambio de permitir la continuidad del negocio ilegal y por eso resulta difícil desarmar el entramado de complicidades”.

 

“Sin embargo -continuó la nota- resulta inconcebible que a más de veinte años del retorno de la democracia la impunidad reine frente a la justicia y la garantía de los derechos para los más desprotegidos”.

 

 



Siguiente Noticia El empleo en negro creció en el tercer trimestre

Noticia Anterior El Senado sancionó una ley que limita las excarcelaciones

Nos interesa tu opinión:

Comentarios:

No hay comentarios

Deja un comentario