La iniciativa, que es impulsada por el Ejecutivo provincial y obtuvo el apoyo de los dos tercios de la Cámara Alta, limita las excarcelaciones cuando se porten armas de fuego ilegalmente y exista resistencia o evasión a un procedimiento por parte una autoridad pública, y cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por comisión de delitos con armas, o estén gozando ya de una excarcelación anterior.

 

“La idea es que el reincidente que sea detenido con armas de fuego, no sea nuevamente liberado”, explicó a Télam el senador del Frente para la Victoria Alberto de Fazio.

 

Remarcó que “este proyecto da mayores facultades a los jueces, en los casos de excarcelaciones”, y destacó que “esta modificación no es la solución para combatir el delito, pero claramente va a ser un elemento más para quienes estén pensando en delinquir, lo piensen dos veces”.

 

En tanto, el senador del GEN-FAP, Ricardo Vázquez, cuestionó la norma por considerar que “adultera uno de los derechos constitucionales básicos como es el derecho a la libertad”.

 

“La redacción de este artículo lo que hace es cerrar la posibilidad de que un juez, cuando se detiene una persona armada, pueda permitir que esta persona retome la libertad”, agregó y pidió “atacar las causas de los problemas de seguridad que hay en la provincia y no las consecuencias”.

 

La norma, establece obligaciones a la justicia, quienes deberán controlar si los sujetos sorprendidos con un arma de fuego ilegal, registran antecedentes penales por delitos dolosos contra las personas o con el uso de armas.

 

En dicho caso, la norma establece que la persona no podrá ser excarcelado; al igual que si el presunto delincuente estuviera portando armas de cualquier calibre y ya gozando de una excarcelación.



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