La Cámara en lo Civil y Comercial Federal resolvió prorrogar “hasta que haya sentencia definitiva” la medida cautelar que mantiene suspendida, para el Grupo Clarín, la obligación de desprenderse de parte de su patrimonio a partir de este viernes -el “7D”-, para adecuarse a lo establecido por la Ley de Medios Audiovisuales.

 

De esta forma, el Gobierno no podrá por el momento intervenir para someter a licitación pública las licencias del multimedio que excedan el límite pautado por la norma, lo que se aprestaba a hacer a partir de este viernes, cuando en principio vencía el plazo otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la vigencia de la cautelar.

 

Tras ratificar su nueva composición, la Sala I de la Cámara dispuso la extensión de la medida hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo por la demanda presentada por el Grupo Clarín objetando por “inconstitucionales” los artículos 41 y 161, tarea que ahora se encuentra en manos del juez civil y comercial Horacio Alfonso.

 

Integrada por los jueces María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, la Sala I rechazó además el planteo, por parte del Gobierno, de revocar el fallo que había repuesto en el caso a camaristas recusados por el Poder Ejecutivo alegando supuesta imparcialidad y falta de independencia, entre ellos el propio De las Carreras.

 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner analizó los pasos a seguir con buena parte de su Gabinete desde la Residencia de Olivos, pero fue el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, el encargado de confirmar que el Gobierno apelará la decisión ante la Corte Suprema.

 

“El fallo es una vergüenza y se pedirá a la Corte Suprema que revea este acto”, anunció Sabbatella, quien insistió en denunciar los supuestos vínculos de De las Carreras con el Grupo Clarín y consideró que “gran parte de la Justicia argentina está colonizada por las corporaciones”.

 

En su fallo, los camaristas consideraron que “la duda que existía en el inicio de la causa” y que motivó que se fijara un límite para la cautelar se debió “al desconocimiento del tiempo que llevaría la producción de la prueba y de la conducta procesal que desplegarían los litigantes”, pero sostuvo que hoy “ha desaparecido” esa incertidumbre “pues el procedimiento de primera instancia ha avanzado y parece inmediato el dictado de una sentencia tal como fue ordenado por la Corte Suprema”.

 

En este camino, subrayó que “por tratarse de una medida cautelar dependiente de la acción principal y estar ésta en la etapa procesal próxima al dictado de sentencia de fondo, es el momento crítico en que la medida debe desplegar plenamente toda su función de garantizar la eficacia del pronunciamiento de fondo a dictarse”.

 

Los camaristas remarcaron, además, que “la aplicación general de la ley no está obstaculizada por la suspensión del artículo 161”, sino que “por el contrario, el levantamiento de la suspensión cautelar cuando aún no está dirimida la impugnación constitucional que han formulado contra la obligación de desinvertir causaría un perjuicio irreparable, pues frustraría los efectos de una eventual decisión futura”.

 

Y destacaron que “el avance del procedimiento no revela conductas abusivas” por parte del Grupo Clarín, sino “el regular ejercicio de sus derechos a dilucidar en un litigio judicial la eventual invalidez constitucional de las normas legales que se atacan”.

 

“Alejada la hipótesis inicial que fundó la decisión del Alto Tribunal de establecer un límite temporal durante la tramitación del proceso, la Sala estima que corresponde admitir lo solicitado prorrogando la vigencia de la medida cautelar hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa, a fin de no alterar significativamente las circunstancias y asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia del fallo”, concluyó la sentencia.

 

En una segunda resolución, la Sala consideró “inadmisible” el pedido de “revocación”, por parte del Gobierno, sobre el fallo que repuso en el caso al camarista De las Carreras, denunciado por el Poder Ejecutivo por supuestas dádivas del multimedio, al tiempo que llamó la atención a la abogada oficial por recusar por segunda vez a todos los miembros de ese tribunal de apelaciones.

 

Según señaló, se trata de presentaciones “con pretensiones que se consideran obstructivas, meramente dilatorias y reñidas con la buena fe procesal, máxime cuando ello se produce en circunstancias en que la Corte ha instado la resolución inmediata de las cuestiones procesales pendientes”.

 

El Gobierno había fijado este viernes como el último día para que Clarín y todas aquellas empresas que excedieran el límite de licencias que pauta la Ley de Medios presentaran un plan de adecuación a la norma que estipulara la manera en que se desprenderían de sus inversiones.



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