La norma, que había sido aprobada en octubre pasado en Diputados, modifica la Ley de Ordenamiento Territorial y uso del suelo para “abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional, desalentando las prácticas especulativas” sobre la tierra.

 

La ley, elaborada por los diputados del FpV Alberto España y Alicia Sánchez y el legislador de Nuevo Encuentro Marcelo Saín, establece que los grandes emprendimientos inmobiliarios de más de 5.000 metros cuadrados deben ceder el 10% del valor total del terreno para la realización de planes de vivienda social.

 

Prevé un aumento adicional del 50% del Impuesto Inmobiliario Urbano a los baldíos y una contribución especial para las viviendas o terrenos cuyos valores aumenten como consecuencia de obras o cambios de zonificación que produzcan los municipios bonaerenses.

 

El senador del FpV Luciano Martini aseguró que uno de los conceptos de “desigualdad es la distribución de la tierra” y aseguró que la sanción de esta norma “puede permitirle a cada uno de los bonaerenses acceder a una vivienda digna”.

 

En tanto, su par de bancada Jorge Ancona sostuvo en el recinto que la nueva ley brinda “una oportunidad histórica no solo para terminar con una norma de la dictadura sino porque es darle a la democracia una herramienta que toma en serio la necesidad de los sectores populares y medios del acceso a la vivienda digna o un terreno para construir su casa”.



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