El diputado provincial (FPV) Rodolfo Manino Iriart volvió a defender su proyecto para modificar la ley vigente sobre violencia familiar.

 

Lo hizo mientras avanza en la Cámara de Diputados, a poco de que sea tratado en la última sesión ordinaria del año, y luego de haber recibido tratamiento positivo en comisiones.

 

El objetivo es que si un agresor no cumple con las obligaciones de exclusión y no acercamiento a la víctima, las autoridades den inmediata intervención al fiscal en turno para que se pueda disponer su eventual aprehensión y procesamiento.

 

“Los violentos que no cumplan la restricción impuesta por un juez deben ir presos”, afirmó el legislador, preocupado por los casos de violencia de género y femicidio.

 

Este año, en Argentina, más de 160 chicos perdieron a sus madres producto de este tipo de hechos. Y según datos del Ministerio de Salud bonaerense, en la gran mayoría de los casos de violencia contra la mujer que se registran en la Provincia, el agresor pertenece al círculo íntimo de la víctima.

 

El 46.5 por ciento de las mujeres convive con su agresor; en el 50,4 por ciento el agresor es la pareja; y en el 27,8 por ciento es un familiar. El resto, que incluye tanto a conocidos como desconocidos de la víctima, representa sólo al 21 por ciento del total, revela el informe.

 

Para la elaboración de esta iniciativa legislativa Iriart tuvo como importante fuente de consulta a la Justicia de Mar del Plata, donde también encontró apoyo.

 

En los fundamentos del proyecto se expresa que en virtud de relevamientos realizados para conocer el nivel de acatamiento de medidas y órdenes judiciales, surge que “frente al quebrantamiento de las restricciones de acercamiento dispuestas por jueces de familia, la jurisdicción penal ha dispuesto no intervenir por razones de última ratio en orden al delito de desobediencia y debido a no hallarse agotada la realización de tareas comunitarias expresamente dispuestas en el Artículo 14 de la misma Ley”.

 

Efectivamente el Artículo 14° señala: “Ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas en esta ley o la reiteración de los hechos de violencia por parte del agresor, el Juez o Tribunal interviniente podrá –bajo resolución fundada- ordenar la realización de trabajos comunitarios en los lugares que se determinen”.

 

Ahora, lo que Iriart busca es que quede establecido que “el juez o la autoridad que constate la desobediencia a la orden judicial dictada, procederá a dar inmediata comunicación al Fiscal con turno y competencia.”



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