El juez Juan Facundo Gómez Urso, integrando en forma unipersonal el Tribunal Criminal N° 1, resolvió la inconstitucionalidad de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

 

El fallo se conoció este martes, en el marco de un juicio oral y público contra un hombre por el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes.

 

Cabe recordar que, de acuerdo a lo que expresa el artículo 14 de la ley 23737 de estupefacientes “será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal.”

 

El hecho en cuestión se produjo el pasado 27 de mayo de 2010, durante un allanamiento en el domicilio de Tripulantes del Fournier 10.600, Ceferino Néstor Ramón Buabud tenía ilegítimamente 14.89 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos del siguiente modo: 13.77 gramos en un mueble de la finca y 1.12 gramos en el volante de su vehículo Ford Galaxy, dominio RSU-580.

 

El allanamiento arrojó como resultado el secuestro de una determinada cantidad de material en un mueble (envoltorio blanco) y otra cantidad en el volante del automóvil, tras la bocina (envoltorio blanco).

 

La autoría de Buabud quedó acreditada a partir del acta de allanamiento ya referida cuando se confirmó que el mismo residía en la vivienda registrada y que el automóvil Ford Galaxy era de su propiedad.

 

El mismo imputado reconoció haber tenido ambos envoltorios con cocaína con la finalidad de consumo personal.

 

En el fallo se indicó que la tenencia acreditada, tanto objetiva como subjetivamente, no supera el nivel de aquella destinada a un consumo personal, lo que implica que el bien jurídico adscripto al tipo del art. 14, párrafo segundo, de la ley 23.737, la “salud pública”, no se haya visto ni siquiera amenazado por aquel comportamiento.

 

“No quedan dudas de que el Estado no puede inmiscuirse en las decisiones personales en cuanto a la elección de vida que cada ciudadano adopte. Ello debe ser así inclusive si tales ideales resultan, para otros, agradables o desagradables, plausibles o despreciables”, expresó Urso.

 

El magistrado declaró la inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, por confrontar y negar dos principios que se desprenden del art. 19 de la Constitución Nacional: de lesividad u ofensividad, por no afectación del bien jurídico “salud pública”, y de reserva o prohibición de interferencia en ámbitos personales de privacidad.

 

El juez entendió que el Estado, de condenar penalmente a Buabud, desconocería aquellas premisas superiores e invadiría una esfera de libertad personal que se encuentra excluida de la autoridad de los magistrados penales, aplicando una sanción punitiva por un hecho que no ha afectado ni puesto en peligro concreto a bienes jurídicos de terceras personas.

 

En consecuencia, absolvió al imputado del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal.



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