La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) repudió enérgicamente el fallo del juez Griesa a favor de los bien llamados “fondos buitre” que no ingresaron en los canjes deuda de 2005 y 2010.

 

A través de un comunicado, la entidad presidida a nivel nacional por Eduardo Fernández, remarcó que esas acreencias no responden a un proceso de inversiones reales, como lo quieren presentar los voceros de la “seguridad jurídica” en nuestro país, sino a movimientos especulativos de gran envergadura que cuentan con la complicidad del sistema de calificadoras de riesgo y están en el origen de la actual crisis internacional.

 

“Hoy el Gobierno nacional viene siguiendo una política de manejo de la deuda bajo un criterio que busca revertir el ciclo de endeudamiento y ajustes que se había instaurado en la Argentina y la región durante el auge neoliberal”, expresaron.

 

“Entre otros factores esa política ha permitido desvincularse de la aplicación de las recetas ortodoxas de los organismos internacionales para iniciar, en cambio, un proceso de recuperación de las herramientas de decisión del Estado en función de objetivos de desarrollo inclusivo, con participación de todos los sectores”.

 

Apyme lamentó que ese proceso de recuperación se desarrolla sobre estructuras y acuerdos fuertemente determinados aún por una larga historia de subordinación y dependencia frente los poderes económicos transnacionales.

 

“Es notorio el constante accionar de beneficiarios y voceros locales que abonan permanentemente el terreno para una vuelta lisa y llana a un esquema de valorización financiera que se resuelve en ciclos de crisis donde unos pocos ganan mucho y muchos terminan perdiendo todo”, remarcaron.

 

Ante lo expuesto, esta institución soslayó que “los pequeños y medianos empresarios junto con los trabajadores y demás sectores sociales mayoritarios, hemos sufrido largamente las consecuencias de la destrucción del aparato productivo nacional bajo gobiernos dictatoriales o, ya en democracia, subordinados al arbitrio de la maximización financiera”.

 

“Por estos motivos APYME apoya las gestiones del gobierno nacional frente a la amenaza que significa el injusto fallo del juez Griesa para la soberanía económica tanto de nuestro país como de la región, y alerta que el avance de esas acciones puede significar un serio riesgo para la consolidación de un proyecto productivo con equitativa distribución de la riqueza”, concluyó el comunicado.



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