El diputado provincial Alfredo Lazzeretti (PS – FAP) presentó un Proyecto de Ley con el objetivo de ampliar la prohibición de colocación de simbología religiosa o partidaria en todas las dependencias del Estado Provincial y Municipal, evitando el uso de ritos religiosos y estableciendo la igualdad de los participantes en actos oficiales.

 

Además, la iniciativa pretende, garantizar el carácter laico del programa oficial de estudios primarios y secundarios y sólo subvencionar los programas oficiales de estudio.

 

Por otra parte, protegerá expresamente los datos de carácter personal vinculado con la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones, y el derecho de acceso, rectificación y eliminación de dichos datos en poder de cualquier organismo público o privado.

 

El legislador socialista manifestó: “Con esta propuesta se trata de reglamentar el ejercicio de la libertad de conciencia en la provincia de Buenos Aires con el único propósito de asegurar a todos los ciudadanos la posibilidad de un desarrollo pleno dentro de un Estado independiente de cualquier convicción filosófica, religiosa o ideológica.”

 

El proyecto prevé que la provincia de Buenos Aires y sus Municipios velarán por que el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones pueda ser ejercido, individual o colectivamente, por todas y cada una de las personas, en plenas condiciones de igualdad, evitando cualquier forma de privilegio o de discriminación basados en convicciones ideológicas, filosóficas o religiosas.

 

Además, prohíbe a los funcionarios públicos provinciales y/o municipales utilizar su cargo para favorecer, privilegiar, promocionar o perjudicar a un grupo de ciudadanos u organizaciones, basado en una determinada convicción filosófica, religiosa o ideológica.

 

Por último, el diputado del Frente Amplio Progresista expresó: “Son recurrentes los argumentos de distintos funcionarios públicos y legisladores que anteponen su creencia religiosa o ideológica frente a cualquier criterio o argumento respecto del contenido, relevancia o procedencia del proyecto en discusión. Pero debemos tener en cuenta que dichos funcionaros no están en sus puestos a título personal, por lo que, si bien tienen el derecho a tener sus convicciones propias, en sus funciones deben responder ante todo al interés público, es decir el de todos.”



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