La presidente Cristina Kirchner anunció la excepción del pago de Impuesto a las Ganancias en la segunda cuota de aguinaldo en 2012, en el marco de una cadena nacional. Este beneficio se aplicará por única vez a quienes perciban sueldos brutos de hasta $25.000 por mes.

 

Según el anuncio presidencial, quedarán exceptuados del pago del impuesto “el 98,12% de los trabajadores en relación de dependencia”, unos 8,98 millones.

 

La decisión, con un costo fiscal de $2.162 millones, aplaza la discusión sobre el mínimo no imponible para el año próximo, tras los reclamos de la CGT de Hugo Moyano y la de Antonio Caló.

 

“Es una solución intermedia entre no haber ajustado y hacerlo”, dice a Infobae Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica. Y destaca: “Desde ya que es una inyección al consumo, para el último mes del año y los primeros de 2013. Generará más actividad que, en consecuencia, generará más recaudación”.

 

El economista destaca que 2009 y 2012 serán “los únicos años en que el Gobierno no ajustó el mínimo no imponible. El 2009 fue un año de crisis económica para el mundo y para el país”.

 

Mariano Lamothe, gerente de Análisis Económico de abeceb.com, también resalta el beneficio en el consumo para muchos sectores, que se va a ver principalmente en enero de 2013. “Son unos $2.000 millones que van a consumo. Es un premio para dar una señal a la CGT Rosada, pero cierra la discusión sobre el mínimo no imponible en Ganancias para este año”.

 

Analistas tributarios calculan que el ajuste más sencillo se haría de forma automática. Si el techo del beneficio único es para aquellos que tengan un salario bruto de $25.000, quedarían exentos del pago al impuesto a las Ganancias aquellos que tengan un medio aguinaldo inferior a 12.500 pesos.

 

“No anunció nada sobre escalas. Puede ser que sea para incentivar el consumo. Más dinero disponible es; si es para más consumo o más fuga, dependerá de otros factores”, asegura José Luis Espert, de la consultora homónima.

 

Los economistas consultados por Infobae coinciden en que el debate se retomará entre marzo y abril del año próximo, y que el ajuste se haría antes de las elecciones legislativas.



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