El diputado provincial Pablo Farías (GEN-FAP) presentó un proyecto de declaración ante la Cámara de Diputados bonaerense en repudio a la resolución N° 1200/2012 de la Superintendencia de Servicios de Salud, perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación, con el fin de solicitar su inmediata derogación y la implantación de un sistema que no elimine prestaciones a personas con discapacidad.

 

La mencionada resolución crea el Sistema Único de Reintegros (SUR) y establece cambios en los procedimientos y condiciones de los reintegros por parte de la Superintendencia a las obras sociales.

 

También, mediante dicha norma, quedarían sin cobertura y sin financiamiento la mitad de las prestaciones de las que usualmente utilizan los miembros del colectivo de personas con discapacidad.

 

Con respecto a esta disposición el legislador marplatense aseguró que “esta medida afecta directamente a niños, jóvenes y adultos con discapacidad de todo el país que reciben prestaciones educativas y de formación profesional, a las que se les suprime el subsidio que se les daba”.

 

Por ejemplo, es de destacar que los gastos de escolaridad de un menor de este grupo significarían para la familia un costo aproximado de $8000 pesos mensuales por el colegio y otros $1600 por el transporte.

 

“En concreto, la medida reduce o suprime el reintegro que se le da por parte de la Administración de Programas Especiales a las obras sociales, destinado -entre otras cosas- a pagar las prestaciones de discapacidad que son reconocidas por la Ley 24.901, lo que pondría en riesgo la atención de 100.000 personas con discapacidad”, aseguró Farías.

 

Sin embargo, es necesario señalar que la Nación, mediante una nueva resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud Nº 1310/12, suspendió hasta el 30 de noviembre el flamante Sistema Único de Reintegros. De todos modos, este impasse administrativo genera aún más incertidumbre para las familias, ya que las obras sociales seguramente demorarán la resolución de las solicitudes hasta esa fecha.

 

Por lo cual, el pasado 30 de octubre madres, padres, maestros y médicos marcharon en defensa de sus derechos y se manifestaron, junto a chicos con dificultades motrices o madurativas, para reclamarle al Gobierno ante el temor de que se eliminen coberturas de las obras sociales.

 

“Los evidentes ajustes que el Gobierno Nacional ha llevado a cabo en su política de subsidios son una verdadera amenaza para quiénes más los necesitan”, concluyó el diputado provincial del Frente Amplio Progresista, Pablo Farías, quién le pidió al resto de los legisladores que avalen el presente proyecto de declaración en favor de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas con discapacidad.



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