Con el objetivo de extender la protección de los derechos fundamentales de los usuarios y consumidores, el diputado provincial (FPV) Rodolfo Manino Iriart presentó un proyecto de ley que busca establecer “un mecanismo claro, ágil y eficaz de atención al público”.

 

La obligación alcanza a entidades o empresas de carácter público o privado (como bancos y comercios), donde se realice atención personalizada, con concurrencia masiva.

 

“Los usuarios o consumidores tienen derecho a ser informados por el proveedor, sobre el tiempo de espera aproximado para su atención personalizada en su establecimiento. Es obligación del proveedor, otorgar constancia escrita del otorgamiento de un turno para atención”, dice uno de los artículos.

 

La propuesta del legislador de Mar del Plata es que “además del turno otorgado a cada usuario o consumidor, se deben informar los datos correspondientes al proveedor dador del turno y la cantidad de personas en espera existentes al momento de dar el turno, y el tiempo estimado de demora en su atención”.

 

Otro de los artículos señala que “si eventualmente existiere un avance del orden de turnos, que resulte en la ausencia del usuario o consumidor al momento de su llamado por el operador, se establece la obligatoriedad de cubrir su atención inmediatamente ante la presentación espontánea, siempre que el mismo se haga presente, con una antelación de diez minutos en relación al tiempo de referencia informado”.

 

Asimismo se exige que se exhiba en lugar visible una leyenda que diga: “Señor usuario o consumidor, usted tiene derecho a ser informado sobre el tiempo de espera aproximado para su atención personalizada, en este establecimiento, con un lapso de diez minutos de diferencia”.

 

Los establecimientos destinados a recibir concurrencia masiva de público, a los efectos de requerir su atención personalizada, ya sea por la necesidad de evacuar consultas, efectuar trámites o reclamos, o bien para adquirir bienes o servicios, “adolecen de un sistema eficaz de gestión de turnos y de información”, según afirma Iriart.

 

El diputado sciolista entiende que “la falta de información del usuario o consumidor, respecto a la cantidad de personas que esperan ser atendidas con anterioridad a sí, y el tiempo de demora en ser atendida su inquietud, deviene en violatoria de los preceptos constitucionales estatuidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional y artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”.

 

La obligación de informar el tiempo de demora en su atención, prevista en el proyecto, otorga la posibilidad al usuario o consumidor de administrar y decidir sobre el uso de su tiempo, permanecer o retirarse.

 

Otras provincias ya cuentan con una legislación como la que se pretende sancionar ahora. Esto ocurre en Río Negro y Misiones. En las provincias de Tucumán, Jujuy, Catamarca y Buenos Aires, se han presentado proyectos legislativos de similares características.

 

“Valoro el derecho a ser informado como uno de los pilares de sostén del derecho a la libertad y a la dignidad de las personas”, asegura entre los fundamentos de su iniciativa.



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