Durante esta semana, la Corriente Universitaria Amaranto desarrollará una serie de actividades tendientes a visibilizar en el ámbito universitario y en la población de la ciudad la complicidad de las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) con el saqueo y la contaminación de los bienes, territorios y pobladores argentinos.

 

Las acciones de esta organización compuesta por estudiantes, graduados, docentes y personal de la UNMdP confluirán este jueves 8, cuando se presenten ante el Consejo Superior a fin de exigirle que exprese su rechazo a los fondos que periódicamente recibe de parte de Minera Alumbrera, generados a partir de la explotación a cielo abierto a gran escala de Yacimientos Mineros Agua del Dionisio (YMAD).

 

El pasado lunes, Amaranto comenzó a difundir un petitorio que recoge adhesiones de organizaciones y particulares al reclamo, para ser presentado ante el Consejo Superior. Se indicó que quienes quieran expresar su apoyo, pueden hacerlo escribiendo a amaranto.cu@gmail.com.

 

También emprendieron, en el Complejo Universitario, una campaña fotográfica, en la que invitan a quienes quieran acompañar la demanda a posar con un cartel que manifiesta “Yo rechazo los fondos de la megaminería”.

 

Durante los primeros días de esta semana, los integrantes de la Corriente recorrerán los edificios de Peña y Funes, tomando fotografías de los adherentes.

 

“La megaminería contamina y despoja de sus territorios a los pueblos a lo largo de la Cordillera. Conjuntamente al desarrollo de esta actividad, desde el Estado (en todos sus estamentos) se ha desplegado sistemáticamente el aparato represivo para criminalizar, judicializar, reprimir y perseguir a todos aquellos que defienden la vida y su territorio, instalando una verdadera ‘dictadura minera’”, explicó Yésica Sanchez, estudiante de la Facultad de Humanidades.

 

Desde el año 2008, en el marco de lo establecido por la Ley 14.771 de creación de YMAD, la Universidad Nacional de Mar del Plata, como otras Universidades Nacionales, reciben dinero de Minera Alumbrera.

 

Las Universidades de Río Cuarto, Luján, Córdoba y Patagonia San Juan Bosco, así como más de una treintena de Facultades y Unidades Académicas de todo el país, expresaron su rechazo a esos fondos, cuestionando los impactos sociales, ambientales y sanitarios de la megaminería en las poblaciones.

 

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba expuso en su argumentación que “la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”.

 

Jimena Verón, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social y becaria de CONICET, denunció que “recibir dinero de estas corporaciones conduce a crear intereses directos, que violan la autonomía de las casas de estudios y conforman un modelo de universidad empresarial, en la que el desarrollo científico tecnológico y del conocimiento en general responde a los intereses de las empresas. La educación, como otros derechos básicos que el Estado debe garantizar a toda la población, se encuentra en una situación crítica, producto del ahogo presupuestario a la que es sometida por parte de la Nación. Estas limitaciones financieras se plantean como un argumento para buscar fondos privados, formando un círculo vicioso”.

 

La manifestación del jueves en la esquina de Diagonal Alberdi y San Luis, que comenzará con una radio abierta desde las 8.30, es el corolario de años de trabajo sobre la problemática.

 

A instancias de Amaranto y de otros colectivos que acompañaron sus presentaciones, las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales (durante 2010), Ciencias de la Salud y Servicio Social (en 2011), y Humanidades (2012) rechazaron los fondos provenientes de Minera Alumbrera. Esas Unidades Académicas elevaron sus declaraciones al Consejo Superior de la Universidad para que discuta y se expida al respecto.

 

Sin embargo, las autoridades omitieron el debate; incluso desoyeron los pedidos judiciales provenientes de la Fiscalía General de Tucumán (con jurisdicción sobre el territorio que explota la empresa).



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