Este jueves 1 de noviembre se realizará en Mar del Plata una jornada y marcha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

 

Pocos días atrás conmocionó a la sociedad un caso en donde una mujer víctima de uno de los delitos más aberrantes como es el de la trata de personas con fines de explotación sexual, era despojada de su derecho a acceder a un aborto no punible, consecuencia de las sistemáticas violaciones que padecía, en virtud de un amparo presentado por una organización “pro vida”.

 

Pocos días después, el Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, decidió vetar la ley de regulación de abortos no punibles dictada por la legislación por entender que la misma “contenía prescripciones que exceden los líneamientos de la Corte Suprema de la Nación”.

 

Desde Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) expresaron una inmensa preocupación por esta violación al derecho a acceder a abortos no punibles, “derecho conquistado por las mujeres y regulado en el Código Penal desde el año 1921”.

 

“El derecho a acceder a un aborto no punible no es un tema que deba estar en discusión, ya hace casi un siglo que es una prescripción del Código Penal y el fallo de la Corte evitó que no se cumpla con el mandato legal en virtud de excusas interpretativas. Los gobiernos provinciales deben limitarse a regularlo mediante protocolos en cumplimiento con dicho fallo, no pudiendo en forma alguna restringirlo”, señalaron en un comunicado.

 

Cabe recordar que, la Corte Suprema el 13 de marzo último aclaró y dejó de lado toda duda que pudiese surgir de la letra del art. 86 del Código Penal. Ello fue necesario toda vez que -en pos de restringir el derecho- se intentaba desvirtuar el espíritu propio del artículo de mención.

 

De ninguna forma la Corte limitó dicho derecho, por el contrario, sentenció en forma clara que “reducir por vía de interpretación la autorización de la interrupción de los embarazos sólo a los supuestos que sean consecuencia de una violación cometida contra una incapaz mental, implicaría establecer una distinción irrazonable de trato respecto de toda otra víctima”.

 

A pocos días de cumplirse un año desde que se cayó el dictamen favorable de la Comisión Penal del Congreso de la Nación para el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo presentada por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, desde Mumalá “responsabilizamos al Gobierno Nacional por ello y por las denegatorias de acceso a los abortos no punibles”.

 

“El gobierno es responsable por no expedirse positivamente por la realización de los mismos y no siendo acordes a lo establecido por nuestras leyes y por expresar, en sentido contrario, que no se encuentra en su agenda pública la legalización del aborto, permitiendo y librando a la voluntad de los gobernadores el acatar o no el fallo de la Corte”, expresaron.



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