Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires iniciaron una formal petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDHS) y haber enviado una Carta Documento a la Suprema Corte de la Nación, ambas presentaciones referidas a la Causa Hooft.

 

“Después de seis años y medio de la primera denuncia formal realizada contra el magistrado y sin haberse resuelto todavía ni haberlo suspendido en sus funciones, Pedro Federico Hooft, se constituyó en el símbolo de la impunidad en nuestra ciudad”, señalaron los integrantes de la Asociación.

 

“Demuestra que se puede, en su carácter de magistrado, visitar los Centros Clandestinos de Detención, fraguar documentos públicos, decidir sobre la vida y la muerte de las personas, sobre sus torturas, desapariciones y permanecer no sólo impune sino ejerciendo el cargo de juez: Hooft en su cargo, es el cuadro de Videla colgado todavía”, añadieron.

 

Ante lo esgrimido, los Familiares denunciaron que para el juez Hooft “no ha llegado la política de derechos humanos como política de Estado que decidió Néstor Kirchner en 2003 y eso ofende no sólo a la sociedad marplatense sino a la Nación toda”.

 

“La cadena de complicidades necesarias para que esto se lleve a cabo, quedan al desnudo al conocer la causa”, subrayaron.

 

Tras remarcar que los miembros de la Corte de la Provincia, legisladores, jueces, miembros del Ministerio Público, “de todas partes colaboraron para llegar a este estado verdaderamente inaceptable, inadmisible, impostergable”, exigieron “la suspensión inmediata del juez Hooft, la conformación del Iure conforme a derecho y el pronunciamiento del mismo en un plazo perentorio”.



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