Con el respaldo de buena parte del arco opositor, la Cámara de Diputados bonaerense aprobará en la sesión convocada para mañana el proyecto de “Ley de Hábitat”, que entre otros aspectos obliga a grandes emprendimientos inmobiliarios a ceder tierras para la construcción de viviendas sociales.

 

Según trascendió, los legisladores kirchneristas que impulsaron la iniciativa lograron en las negociaciones abiertas en las últimas horas conseguir apoyo de varios bloques opositores que se comprometieron a aportar los votos necesarios para aprobar el proyecto, que luego deberá ser tratado por el Senado para su sanción final.

 

Las bancadas del Frente Amplio Progresista (FAP), de la Coalición Cívica y el radicalismo ya decidieron acompañar el proyecto impulsado por los sectores cristinistas que recientemente han resuelto nuclearse en la agrupación Unidos y Organizados (UyO), esto es, La Cámpora, el Movimiento Evita que conduce Emilio Pérsico, el Nuevo Encuentro que lidera Martín Sabbatella, el Miles de Luis D’Elía y la Kolina de Alicia Kirchner.

 

Como se informó, la norma dispone una cláusula para que los grandes emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen en la Provincia, como los countries, estén obligados a ceder tierras o abonar una “compensación monetaria” para la construcción de “viviendas sociales.

 

El proyecto apunta a que los municipios puedan hacerse de terrenos, cuando autoricen grandes emprendimientos urbanísticos, para desarrollar planes sociales de viviendas.

 

O disponer parcelas con el mismo destino de construcción de casas. Por eso también se incluye la figura de la expropiación como una de las alternativas.

 

El proyecto se asienta en la premisa básica de que el Estado es quien aporta la infraestructura mínima que posibilita el uso y la urbanización de terrenos; mejoras que incrementan el valor del inmueble.

 

Esa misma valorización se produce, sostienen sus autores, cuando los municipios incorporan un inmueble al área urbana que estaba ubicado en un espacio territorial rural; cuando se establecen modificaciones en el régimen de uso del suelo o zonificación; si se autoriza un mayor aprovechamiento para edificar o cuando se ejecutan obras públicas y su financiación corrió exclusivamente por el Estado.



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