El gobierno bonaerense salió a expresar su rechazo a la posibilidad de que desde la Legislatura se avance con un proyecto para sindicalizar a las fuerzas de seguridad.

 

El el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, sostuvo que como “la competencia en materia de sindicalización es de la Nación”, cualquier norma que prospere en ese sentido en la Provincia “sería inconstitucional”.

 

De esta manera, la administración de Daniel Scioli salió a sentar posición en un tema por demás polémico y que reverdeció en las últimas horas a partir de las protestas encabezadas por efectivos de Gendarmería y Prefectura.

 

Cabe señalar que, efectivos de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario volvieron a la carga con esa vieja reivindicación. Pero además, diputados opositores y del kirchnerismo están promoviendo proyectos para avanzar con la creación de un gremio que represente a policías y penitenciarios en la Provincia.

 

Cuartango concedió que el tema de la sindicalización de las fuerzas de seguridad “es por demás polémico”, pero indicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “deja librado a la decisión de los Estados soberanos la posibilidad de autorizarla o no, de tal forma que el Estado que opta por no avanzar en ese sentido no veda ningún convenio de la OIT”.

 

Cuartango dijo que esas resoluciones “son recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es el más alto tribunal laboral de la Nación”.

 

El ministro subrayó que “el único antecedente favorable de esa Cámara que conozco es un voto en favor de la sindicalización del Dr. Rodolfo Capon Filas, pero que quedó en minoría porque su otros dos colegas de la sala votaron en contra”.

 

Como se informara, uno de los proyectos de sindicalización es planteado por el diputado K Marcelo Saín, mientras que el denarvaísta y ex policía Guillermo Britos, plantea la creación de un ómbudsman para la Policía.

 

En tanto, otra iniciativa es impulsada por el diputado del FAP, Marcelo Díaz. “Los agentes de la Policía como del Servicio Penitenciario se encuentran en una situación de inferioridad con los demás agentes de la administración pública, conllevando una particular situación de vulnerabilidad”, sostuvo el legislador.



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