El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, dio a conocer un decreto donde expresa su postura con respecto al conflicto salarial que existe con los integrantes de Prefectura y Gendarmería, y que tiene su repercusión en la delegación Mar del Plata donde un centenar de efectivos mantienen una protesta frente a la sede ubicada en el puerto.

 

La Comisión de Labor Deliberativa resolvió, este jueves, autorizar a la Presidencia a dictar un acto administrativo, teniendo en cuenta que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional han dado respuesta a los reclamos inicialmente planteados por los integrantes de las Fuerzas de Seguridad.

 

En el texto insta a los mismos a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo a la Constitución Nacional.

 

APYME REPUDIO LA PROLONGACION DE LA PROTESTA

 

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) manifestó su repudio a la persistencia de actitudes de transgresión al orden institucional por parte de sectores de las fuerzas de seguridad, cuyos justos reclamos han sido oportunamente atendidos.

 

La entidad señala que la solución de cualquier conflicto, máxime si involucra a las fuerzas de seguridad de la Nación, puede y debe procurarse en el marco de las instituciones, el diálogo y el respeto de la Constitución Nacional.

 

En el actual contexto de crisis global, la instauración de un clima de inestabilidad política y amenaza al normal funcionamiento institucional conspira además contra el desarrollo de las actividades productivas y la inversión.

 

“Los pequeños y medianos empresarios, aliados históricamente con los trabajadores, cooperativistas, estudiantes, profesionales y las amplias mayorías sociales, hemos denunciado el papel los grandes grupos económicos y los poderes establecidos como instigadores y beneficiarios del quiebre del orden democrático en Argentina y Latinoamérica”, destacaron.

 

Por estas razones la entidad reafirma compromiso con la democracia y el Estado de Derecho y se suma a las autoridades nacionales y sectores políticos, sociales y productivos que instan a los manifestantes de las fuerzas de seguridad a cumplir con los mecanismos previstos por la ley para expresar sus reclamos.



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