La Fundación Alameda volvió a presentar una denuncia penal por los prostíbulos en la ciudad de Mar del Plata.

 

Esta vez dos cámaras ocultas realizadas en dos prostíbulos del microcentro (Burlesque y Maxja), sumando a otro en el barrio Peralta Ramos Oeste (Marisu) sin registro fílmico.

 

En el caso que no se realice un allanamiento judicial o la aplicación de la ordenanza municipal, la ong anunció que realizará un escrache para llamar la atención de las autoridades y la movilización de la sociedad civil.

 

Según La Alameda, en estas cámaras ocultas, aportadas en la víspera a la Fiscalía Federal a cargo de Claudio Kishimoto, queda en evidencia la explotación de mujeres, muchas de ellas inmigrantes, y que funciona violando la ley nacional de Profilaxis, el código procesal penal y la propia normativa municipal que ha quitado las habilitaciones de los prostíbulos encubiertos como cabaret’s, boliches o confiterías.

 

 

Desde la Fundación señalaron que, pese al importante avance de la justicia desde el 2010 con la primera denuncia de la Alameda sobre 94 prostíbulos, y la ordenanza municipal contra las falsas habilitaciones de los prostíbulos “todavía en Mar del Plata algunos antros de la trata de mujeres y explotación siguen en pie por la complicidad del poder policial y municipal“.

 

Desde la primer denuncia de la Alameda en el 2010 se clausuró un centenar de prostíbulo y se procesaron a 16 criminales, entre abogados, gestores, y policías, sumado a ello el freno a la oferta prostibularia en el Diario La Capital.

 

 

En el 2010 las primeras denuncias alcanzaron una estimación de 400 prostíbulos y con dirección exacta casi cien. Hubo testimonios de las propias mujeres sobre la venta de drogas en la Casita Azul, y la explotación de mujeres extranjera traficadas de Paraguay o República Dominicana al prostíbulo Friend’s ubicado frente al Hotel Provincial.

 

Luego de una contundente movilización de la sociedad civil organizada se logró el cierre de prostíbulos y rescates de decenas de mujeres, para ello se sancionaron dos ordenanzas locales que es la quita de habilitaciones a los lugares donde se explota sexualmente niñas o mujeres, y la asistencia integral a la víctima de trata.



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