El diputado provincial Rodolfo “Manino” Iriart presentó un proyecto para modificar la ley vigente sobre violencia familiar. El objetivo es que si el agresor no cumple con las obligaciones de exclusión y no acercamiento a la víctima, las autoridades den inmediata intervención al fiscal en turno para que se pueda disponer su eventual aprehensión y procesamiento.

 

“Los violentos que no cumplan la restricción impuesta por un juez deben ir presos”, afirmó el legislador, preocupado por los casos de violencia de género y femicidio. Este año, en Argentina, más de 160 chicos perdieron a sus madres producto de este tipo de hechos.

 

Para la elaboración de esta iniciativa legislativa Iriart tuvo como importante fuente de consulta a la Justicia de Mar del Plata.

 

En los fundamentos del proyecto se expresa que en virtud de relevamientos realizados para conocer el nivel de acatamiento de medidas y órdenes judiciales, surge que “frente al quebrantamiento de las restricciones de acercamiento dispuestas por jueces de familia, la jurisdicción penal ha dispuesto no intervenir por razones de última ratio en orden al delito de desobediencia y debido a no hallarse agotada la realización de tareas comunitarias expresamente dispuestas en el Artículo 14 de la misma Ley”.

 

Efectivamente el Artículo 14° señala: “Ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas en esta ley o la reiteración de los hechos de violencia por parte del agresor, el Juez o Tribunal interviniente podrá –bajo resolución fundada- ordenar la realización de trabajos comunitarios en los lugares que se determinen”.

 

Ahora, lo que Iriart busca es que quede establecido que “el juez o la autoridad que constate la desobediencia a la orden judicial dictada, procederá a dar inmediata comunicación al Fiscal con turno y competencia.”

 

Explicó el legislador del FPV que “en el caso particular de la violencia de género, la experiencia indica que resulta oportuna y útil la inmediata intervención del Ministerio Público Fiscal, disponiendo la aprehensión y procesamiento de quienes vulneren tales mandatos judiciales, como medida cautelar que provisoriamente exhiba una aplicación progresiva y razonable de los medios con los que cuenta el Estado provincial para morigerar este flagelo de nuestro tiempo”.

 

Cabe señalar que el Artículo 7º dispone: “El juez o tribunal deberá ordenar con el fin de evitar la repetición de los actos de violencia, algunas de las siguientes medidas conexas al hecho denunciado:

 

a) Ordenar la exclusión del presunto autor de la vivienda donde habita el grupo familiar.
b) Prohibir el acceso del presunto autor al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo, estudio o esparcimiento del afectado, y/o del progenitor o representante legal cuando la víctima fuere menor o incapaz; como así también fijar un perímetro de exclusión para circular o permanecer por determinada zona”.

 

El referente sciolista presentó en la Legislatura una iniciativa en el mismo sentido de las políticas de género que lleva adelante la gestión del gobernador Daniel Scioli. “En forma permanente buscamos articular desde el ámbito legislativo con el Ejecutivo”, afirmó Iriart.

 

Y agregó: “En la Provincia de Buenos Aires funcionan las Comisarías de la Mujer y la Familia donde se pueden realizar denuncias. Además existe la Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar, un cuerpo integrado por todos los organismos del gobierno provincial”.

 

Según el Informe de Investigación sobre Femicidios en Argentina, elaborado por el “Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por La Asociación Civil La Casa del Encuentro, en el primer semestre de 2012 se registraron 161 “víctimas colaterales del femicidio”. Es decir hijas e hijos de mujeres asesinadas por violencia de género.



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