Esto sucedería en caso de aprobarse esta semana el proyecto que está siendo tratado en la Legislatura bonaerense.

 

El oficialismo avanzó con una serie de cambios a la iniciativa que envió a principios de este año el Ejecutivo, y el Senado avanzará con la aprobación del expediente y Diputados podría convertirla en ley horas después.

 

Tal como lo había sugerido la procuradora María del Carmen Falbo -de quien dependerá la nueva estructura- la puesta en marcha del sistema se instrumentará en forma gradual y arrancaría en el Departamento Judicial de Mar del Plata a partir de 2013.

 

Además, se otorgaría un plazo de 5 años al Ejecutivo para la puesta en marcha total del sistema en el resto de la Provincia.

 

La fuerza se denominará Cuerpo de Inspectores Judiciales, tras un reclamo de organismos de Derechos Humanos para eludir la denominación de policía, mientras que el proyecto incluye la creación de un Observatorio Legislativo integrado por diputados y senadores, con el objetivo de controlar la reglamentación e implementación de la ley.

 

La vigencia de la Policía Judicial es un mandato constitucional y su función básica será la investigación de delitos a través de un cuerpo de instructores especializados que reemplazará en esa función a la policía.

 

En ese marco, se prevé que la Policía Judicial se aboque fundamentalmente a la persecución de redes delictivas, de corrupción y delitos complejos.

 

MODIFICACIONES

 

Del proyecto enviado por el Ejecutivo, los senadores introdujeron otras variantes.

 

Por ejemplo, los fiscales de instrucción podrán convocar al Cuerpo de Investigadores, que además de tener asiento en cada Departamento Judicial, contará con delegaciones en todos los distritos.

 

El proyecto da al Ejecutivo un plazo de 6 meses -a partir de la aprobación legislativa- para que nombre a las autoridades de la fuerza, y establece que la prueba piloto se realice a partir de 2013 en el departamento judicial de Mar del Plata.

 

En cuanto a la exclusión de agentes policiales, se dijo que se excluyó por “inconstitucional”, ya que “no hay argumentos para no permitir presentarse a alguien solo porque fue parte de la policía”.

 

Fuente: El Día



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