De ahora en más toda persona que haga una compra y tenga que realizar un cambio por defecto, falla o tamaño ya no tendrá que estar pendiente de los días y horarios que hasta ahora imponen los comercios.

 

Es gracias a la Ley 14.374 de Derechos del Consumidor, que establece que el consumidor no está sujeto a restricciones de días y horarios para el cambio de un producto.

 

La norma establece que para el cambio de un producto adquirido en el marco de una relación de consumo, no se podrán imponer restricciones de días y horarios especiales.

 

La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, promulgada en octubre de 1993, fue modificada en marzo de 2008 por la Ley 26.361, la cual incorporó en su artículo 8 bis el concepto de trato digno y practicas abusivas: “Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas (…)”.

 

Según el analisis del titular de la Asociación Sepa Defenderse, este apartado “entre otros conceptos habla de la garantía de poder cambiar los productos: trato digno, derechos e igualdad”.

 

Todo puede cambiarse en tanto y en cuanto el consumidor tampoco abuse de ese derecho: “Se considera el cambio de todos los productos. Desde prendas o electrodomésticos hasta un automóvil si tiene fallas mecánicas, y se lo deben cambiar. Se está acostumbrado a que es sólo para el caso de las ropas”, aseveró Rodriguez.

 

En el caso de los comerciantes que infrinjan esa norma, sufrirán las sanciones previstas por ley. Éstas pueden ser de tipo administrativas o judiciales. Las administrativas son las que se imponen en la relación con los municipios.

 

En sentido netamente económico, el artículo 21 de la Ley 26.361 establece una multa que oscila entre los $100 y los $5 millones.

 



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