La iniciativa de un concejal de Acción Marplatense busca crear una normativa para sancionar a padres o tutores de jóvenes menores de 18 años que cometan actos contemplados en la legislación contravencional.

 

El proyecto surge a raíz del aumento de consumo al alcohol y sustancias prohibidas que se observa entre los menores de edad, “por la falta de cuidado y supervisión de los responsables de los mismos (Padres, tutores, guardadores)”.

 

Sin embargo, los integrantes del Frente para la Victoria MDP – Batán consideraron que el proyecto “representa persecución, acota y coharta libertades, tanto individuales como colectivas, buscando reprimir y sancionar antes que desarrollar acciones que tiendan a la promoción y el cuidado de las vecinos del Partido de General Pueyrredon”.

 

La propuesta de Mario Lucchesi fue elevada hace dos años cuando el edil pertenecía a un unibloque (Frente Renovador Peronista) y en aquel entonces contó con el aval necesario para avanzar con la iniciativa. Ahora, fue abordado recientemente en comisión de Legislación, donde el oficialismo se mostró conforme con la presentación y dispuesto a avanzar en este sentido.

 

Desde el Frente para la Victoria Mar del Plata – Batán dieron a conocer un comunicado donde “repudiamos enérgicamente el Proyecto de Ordenanza (Expediente: 2382-BMP-10) que elaborara el concejal Lucchesi representando al bloque del partido vecinalista Acción Marplatense, ya que creemos que representa persecusión, acota y coharta libertades, tanto individuales como colectivas, buscando reprimir y sancionar antes que desarrollar acciones que tiendan a la promocion y el cuidado de las vecinos del Partido de Gral Pueyrredon”.

 

En la misma, se pretende promover la “sanción, ante la omisión de cumplir con los deberes” de padre/tutor o guardador cuando los “menores” de dieciocho años produzcan conductas tales como la tenencia o consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública; estar en la calle “en horarios no permitidos”; estar en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o cualquier otra sustancia ilegal o no en vía pública; causar daños o disturbios a personas y/o bienes públicos o privados y cometer actos contemplados en la normativa contravencional.

 

El Frente para la Victoria entiende que proyectos de ordenanzas como este, además de coartar las libertades individuales tiende a restringir las de tipo colectivas, asimismo provoca persecución y judicialización de una gran porción de la sociedad, en especial de la juventud. Busca acotar y restringir todo tipo de participación callejera por parte de los jóvenes, entendiéndose a la participación en actos de tipo políticos, sociales y/o culturales.

 

“Creemos que desde el año 2003 a la fecha el Gobierno Nacional, a traves de Nestor Kirchner y luego de Cristina Fernández, viene desarrollando politicas de inclusion, participación y promoción social a lo largo de todo el territorio nacional, un claro ejemplo de ello es la discusión que nos encontramos atravesando como sociedad sobre la ampliación y consolidación, no solo de un derecho de participación, sino de la misma democracia”, manifestaron.

 

LA POSTURA DE LUCCHESI

 

Tomando en cuenta que el Código Civil impone a los padres, tutores y guardadores la obligación de cuidado, educación y vigilancia respecto de los menores de edad a su cargo, obligación que también está contemplada en la convención de los Derechos del niño, incorporada a nuestra Constitución Nacional, es que el concejal Lucchesi avanzó con este proyecto.

 

“Sin perjuicio de que el Estado debe velar por la protección de nuestro jóvenes a través de políticas idóneas, creemos que es también responsabilidad de la familia toda, como célula de la sociedad, atender al cuidado de los menores”, destacó en sus considerandos.

 

“Entendemos que la Municipalidad tiene la obligación de poner en marcha todos los mecanismos necesarios para preservar el orden público, el bienestar, la salud, la seguridad y el patrimonio municipal”, manifestó para defender la viabilidad de esta ordenanza.

 

En cuanto a las sanciones previstas van desde una multa hasta tareas comunitarias, en caso que el Tribunal de Faltas constate que no hay posibilidad de afrontar la sanción monetaria.



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