La justicia anuló esas penas en tres casos donde un tribunal tendrá que dictar nueva sentencia, según el fallo de la sala II del máximo tribunal penal del país.

 

En el fallo se declaró la inconstitucionalidad del artículo 80 inciso 7 del Código Penal referido a la reclusión perpetua para niños, niñas y adolescentes, en tres casos que habían sido denunciados ante la Corte Interamericana de derechos humanos.

 

Una de las magistradas remarcó que se pone de manifiesto la falta de adecuación de las normas del Código Procesal Penal de la Nación y de las leyes del derecho penal juvenil respecto de los principios de la Constitución Nacional y de los que rigen en el derecho internacional.

 

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la doctora Ángela Ester Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa resolvió en el día de la fecha hacer lugar a tres recursos de revisión deducidos por la Defensa Pública Oficial en favor de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza, en los que se invocó el informe 172/10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

En la misma concluyó que el Estado Argentino había violado el derecho al recurso y la Convención sobre los Derechos del Niño al imponer penas de prisión y reclusión perpetuas a quienes eran menores de edad al momento de los hechos, entre otras violaciones a derechos de orden fundamental.

 

Por su parte, la doctora Ledesma, que lideró la votación a la que adhirieron sus colegas Slokar y Figueroa, puntualizó que “el presente caso ha puesto de manifiesto la falta de adecuación de las normas del Código Procesal Penal de la Nación y de las leyes del derecho penal juvenil respecto de los principios de la Constitución Nacional y de los que rigen en el derecho internacional (que han sido mencionados a lo largo de esta sentencia)”.

 

LAS SENTENCIAS

 

En 1999, César Alberto Mendoza había sido condenado a la pena de prisión perpetua por considerarlo penalmente responsable de los delitos de robo calificado por haber sido perpetrado con armas en cuatro oportunidades, una de ellas en grado de tentativa; homicidio calificado por haber sido perpetrado para consumarlo y, consecuentemente, lograr la impunidad con alevosía; homicidio calificado por haber sido perpetrado para consumarlo y, consecuentemente, lograr la impunidad; y lesiones graves, todos ellos en concurso real entre sí.

 

En tanto, Claudio David Núñez había sido nombrado coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado reiterado en cinco oportunidades; robo agravado por el uso de armas reiterado en ocho oportunidades, dos de ellas en grado de tentativa; tenencia ilegítima de armas de guerra y asociación ilícita.

 

Por su parte, Lucas Matías Mendoza fue considerado coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado reiterado en dos oportunidades; robo agravado por el uso de armas reiterado en ocho oportunidades, uno de ellas en grado de tentativa; asociación ilícita y tenencia ilegítima de armas de guerra, los cuales concurren materialmente entre sí.

 

La suma de todos estos delitos (aclarando que muchos de elllos fueron cometidos en conjunto) da un total de 9 casos de robo con 6 homicidios; tenencia ilegítima de armas de guerra; lesiones graves y asociación ilícita.



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