El “arrepentido” del caso de las coimas en el Senado, Mario Pontaquarto declarará este martes en el segundo día del juicio que se sigue por el caso, donde es una incógnita si el ex presidente e imputado Fernando De la Rúa también hará uso de la palabra.

 

Pontaquarto, juzgado junto a De la Rúa y otras seis personas, anunció la semana pasada que existen más pruebas para aportar en este juicio, entre ellas una serie de llamadas que avalan la existencia de sobornos para garantizar la aprobación de la Ley de Reforma Laboral en 2000.

 

El juicio se reanudará hoy y en primer término el Tribunal Oral Federal Nº 3 dará lugar a las cuestiones preliminares, en las cuales las defensas podrán interponer los primeros planteos de nulidad en el juicio que se estima tendrá una duración de seis meses. Luego de ello, está previsto –según el orden fijado por el TOF3- que primero sea interrogado Pontaquarto y luego De la Rúa, aunque ambos podrían negarse.

 

No obstante, según indicaron fuentes vinculadas al caso a Noticias Argentinas los ocho acusados harán uso de la palabra o al menos la mayoría de ellos. “Confío en el tribunal”, aseguró el ex funcionario, quien dijo que mediante esas pruebas se pondrá en evidencia que De la Rúa sabía de la existencia de presuntos sobornos entregados a legisladores justicialistas para aprobar la ley.

 

En la primera audiencia de este martes “se leyeron algunos elementos más de pruebas que había encontrado la instrucción”, dijo el ex secretario parlamentario del Senado. “Yo los desconocía. Están relacionados con la reunión que hubo en Casa de Gobierno. Lo involucran como coautor y que tomó la decisión de pagar sobornos”, agregó en declaraciones radiales.

 

Según dijo, en la causa “hay llamados que se hicieron ese día que no se hicieron en todo el año entre los que participaron de la reunión”. Además de Pontaquarto y De la Rúa, están acusados el ex titular de la SIDE, Fernando De Santibañes, el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique; y los ex senadores Ricardo Branda, Remo Constanzo, Augusto Alasino y Alberto Tell.

 

El hecho que se investiga ocurrió en abril de 2000 cuando -según consta en la causa- se habrían pagado unos 5 millones pesos en sobornos para que el PJ diese su consentimiento y aprobase la polémica y resistida Ley, luego derogada.



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