El Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MUMALÁ) de Mar del Plata solicitaron con insistencia la declaración de Emergencia Pública en materia social por violencia de género.

 

En caso de aprobarse, obliga al Estado a arbitrar las medidas necesarias para revertir esta situación, reasignando las partidas presupuestarias para afrontar la prevención y asistencia de la violencia hacia las mujeres.

 

En todas las ciudades del país el próximo viernes 24 de agosto distintas organizaciones se movilizarán solicitando el tratamiento de dicho pedido.

 

En nuestro país, muere una mujer cada 30 horas víctima de femicidios. Una por mes en Mar del Plata durante este año, que además es el cuarto municipio de la Provincia con más casos de violencia de género, según la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

 

En Mar del Plata, se concentrarán a partir de las 16 en Luro y XX de Septiembre, y convocan a toda la población para exigirle al gobierno medidas inmediatas contra la violencia de género.

 

Desde este Movimiento de Mujeres remarcaron que en Mar del Plata el 88,9% de las mujeres desconocen la línea MALVA (108) de atención a los casos de violencia (según estudios de la Consultora Ayala), que sólo funciona de lunes a viernes, de 8 a 14, cuando es de público conocimiento que la mayoría de las mujeres sufren más agresiones los fines de semana.

 

Y afirmaron que resulta ser la única política del Estado Municipal para abordar la problemática.

 

Desde MUMALÁ enumeraron una serie de episodios que se conocieron en los últimos días, entre los que se encuentra el caso de la sentencia a un policía marplatense que mató a su pareja luego de reiterados maltratos y el de Guadalupe, quien cansada de los golpes acudió a los medios al no hallar más recursos para frenar la violencia.

 

“Sólo son algunas de las noticias protagonizadas por mujeres en la última semana; una muestra de la situación que viven a lo largo y a lo ancho del país producto de la violencia machista”, remarcaron.

 

Para esta ong, la realidad puesta de manifiesto se ve empeorada gravemente por la violencia institucional que revictimiza a las mujeres: dificultades a la hora de denunciar; omisiones de la justicia ante el incumplimiento de las medidas de restricción por parte del agresor; falta de presupuesto para el efectivo cumplimiento de la ley 26485 que protege a las mujeres de la violencia de género; privilegios para los femicidas.



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