La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mantiene en vigencia la vieja resolución 256 del año 1998, aplicada durante el gobierno de Carlos Menem.

 

La misma establece que el tope de una factura para consumidor final es de $250. De superar esa cifra, el comercio deberá entregar al usuario una Factura B, donde se consignan sus datos fiscales.

 

La entidad dirigida por Ricardo Echegaray preserva esa normativa, pero actualizó los montos: el año pasado, a través de la resolución 3.115 dispuso que el límite sea fijado en $1.000, según consigna el diario Clarín.

 

Todos los supermercados, negocios de ropa y empresas de servicios públicos están obligados a requerir la información fiscal de los clientes que superen ese monto.

 

Sin embargo, mientras los primeros no están obligados por ley a enviar la información a la AFIP, sí lo están las concesionarias de gas, luz, agua y telefonía fija.

 

Para evitar tener que pedirles datos fiscales a sus clientes y generar incomodidades, las grandes cadenas de supermercados optan por separar en dos las facturas de más de $1.000 de sus consumidores.



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