Jorge Rafael Videla destapó este domingo por primera vez con todas las letras la colaboración abierta de la Iglesia católica durante la dictadura.

El nuncio apostólico Pio Laghi, embajador del Vaticano en Argentina de 1974 a 1980, y los obispos, reveló el ex tirano, “nos asesoraron sobre la forma de manejar” la situación de los desaparecidos. E incluso, confió, “la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto”.

“La repregunta” de los deudos sobre quién lo mató y donde está enterrado -prosiguió, con toda lógica- “es un derecho que todas las familias tienen. Eso lo comprendió bien la Iglesia y también asumió los riesgos”.

En efecto, el 10 de abril de 1978, poco antes del Mundial de Fútbol que aquel año ganó Argentina, los obispos de la Conferencia Episcopal Raúl Primatesta, Juan Carlos Aramburu, y Vicente Zazpe –todos ya fallecidos- acudieron a una comida a la Casa Rosada. Luego mecanografiaron un resumen del diálogo que sostuvieron con Videla y lo enviaron al Vaticano.

Allí se informaba al Papa Juan Pablo I que los desaparecidos ya no vivían recluidos en algún lugar secreto sino que eran exterminados por la dictadura, justo en momentos en que varios países de Europa -sobre todo Holanda y Alemania- quisieron plantar cara no enviando a sus seleccionados a jugar como boicot.

Pese a haber colaborado, la Iglesia también ofrendó algunos mártires. En la matanza de la parroquia de Santa Cruz, perpetrada por la dictadura el 4 de julio de 1976, fueron asesinados el seminarista gallego Salvador Barbeito Doval, de 29 años, y los sacerdotes Alfredo Leaden, de 57 años; Pedro Duffau, 65; Alfredo Kelly, 40; y Emilio Barletti, 25.

Y los monseñores Carlos Ponce De León y Enrique Angelelli, obispos de San Nicolás y La Rioja, respectivamente, murieron en sendos accidentes automovilísticos. En los últimos años, la Justicia destapó que esos oscuros hechos fortuitos en verdad fueron ejecuciones lisas y llanas de los servicios de inteligencia de la dictadura. También las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Dumon fueron arrojadas vivas al mar desde los vuelos de la muerte.

De todos modos, Videla confesó meses atrás que su “relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”. E incluso sostuvo que con Primatesta “llegamos a ser amigos”.

Meses atrás, reconoció ‘on the record’, por primera vez después de 30 años, que él y sus uniformados eliminaron a “7.000 u 8.000 personas”. Aunque la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) documentó casi 9.000 casos y los organismos humanitarios hablan de 30.000 desaparecidos.

“Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas”, explicó con toda naturalidad delante de la cámara de video. Y hasta confió que “para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte”.

“Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica. Con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”, explicó Videla.

Lo que nunca Videla se animó a explicar ha sido el robo de bebés, unas 500 criaturas, a los secuestrados y desaparecidos. El pasado 5 de julio fue condenado a 50 años de cárcel por ese crimen.

Argentina es el único país de Latinoamérica que sigue juzgando a todos sus dictadores y represores. Hay 281 condenados y 785 procesados a la espera de juicio oral. Otras 16 personas fueron absueltas.



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