La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la Ley de Protección de Glaciares en la provincia de San Juan. Esto ratifica la plena vigencia de la norma que, además, implica la realización de un inventario de glaciares.

 

La norma (sancionada en 2010) que pretende proteger la explotación en los glaciares del todo el país estaba frenada por medidas cautelares dictadas por la Justicia federal de San Juan a requerimiento de las mineras Barrick Exploraciones Argentina SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, que solicitaron la suspensión de ley 26.639 para el emprendimiento minero Pascua Lama.

 

Lo cierto es que, con la vigencia de la ley, San Juan entra en el Inventario Nacional de Glaciares y deberá respetar la prohibición de actividades que impliquen la destrucción de estas reservas de agua.

 

Según el fallo firmado ayer por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda, “la decisión en recurso suspende la aplicación de la ley con un fundamento contradictorio”.

 

“Ello es así porque para la adopción de esta medida el a quo sostiene que la ley contiene una definición amplia, imprecisa y, por lo tanto, ?crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas actoras'”, sigue.

 

En efecto, indica la Corte, “el artículo 2º de la ley define el concepto de glaciar y ambiente periglaciar, estableciendo luego la forma de individualizarlos a través de la realización de un inventario. Una vez que se haya llevado a cabo el inventario de glaciares, se conocerán con exactitud las áreas que se encuentran protegidas por la ley”.

 

Por otro lado, el tribunal dijo que no se advierte cuáles son los “efectos irreparables” a los que hacen alusión las empresas para que la Justicia suspendiera la aplicación de una ley que protege a la agricultura y las cuencas hidrográficas.

 

En ese marco, la Corte advirtió que “los jueces deben valorar de forma equilibrada los hechos del caso, así como las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada, que logre obtener una realización lo más completa posible de las reglas y principios fundamentales del derecho, en el grado y jerarquía en que estos son valorados por el ordenamiento jurídico”.



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