En el medio de un conflicto que lleva tres meses y condiciona fuertemente al puerto de Mar del Plata, el Sindicato Argentino de Obreros Navales, delegación Mar del Plata, salió al cruce de algunos conceptos vertidos por las cámaras empresarias de la pesca, particularmente CaIPA y la Cámara de Armadores. Pidió que dejen de “victimizarse”.

 

Las entidades empresarias aludieron al rechazo de la nueva oferta presentada al Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) y ponderaron su disposición a negociar, destacando que habían acordado con “grandes sindicatos de la pesca” como el Sindicato de Obreros del Pescado (SOIP), Sindicato de Obreros Navales (SAON) y el sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), según señala el documento difundido por la patronal.

 

En lo único que coincidimos con las cámaras es que el SAON es un gremio grande”, se diferenció Walter Castro, secretario Gremial, al frente de la Delegación Mar del Plata.

 

“No somos un gremio de la pesca, sino vinculado a ella que no es lo mismo. Conductores y mecánicos navales, y la Asociación de Capitanes son entidades de la pesca y tengo entendido que todavía no han acordado con ellos tampoco”, advirtió el dirigente que representa a los prácticos de muelle, que trabajan en los buques pesqueros.

 

Desde el SAON pidieron que los asociados a la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CaIPA) “dejen de victimizarse” puesto que se muestran proclives al diálogo y la concordia, cuando en las últimas horas volvieron a dilatar la negociación paritaria por la actualización salarial de los compañeros que trabajan en los talleres de las empresas armadoras.

 

“María Inés Vives, gerente de Relaciones Humanas de la empresa Moscuzza, es la encargada de estirar la negociación ante el Ministerio de Trabajo. Seguimos esperando poder rubricar el acta y ya casi estamos en julio. CaIPA no muestra en los hechos la predisposición que pregona en los comunicados de prensa”, cuestionó Castro.

 

Por último, la dirigencia del SAON acompaña la medida de fuerza que impulsa el SIMAPE. En ese sentido remarcaron que si bien es una acción directa que puede resultar antipática y genera perjuicios en toda la comunidad, no se pueden tomar decisiones a espaldas de los trabajadores.



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