Tres familias que desde hace más de una década viven en casas pertenecientes al ferrocarril, ubicadas en el predio donde se inaugurará el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) y en el que se prevé la construcción de la Ciudad Judicial, solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo ante el inminente desalojo que sufrirían en los próximos días.

 

El defensor adjunto, Cristian Azcona, confirmó que se logró la suspensión de la orden judicial, “y esto causó tranquilidad en estas tres familias, pero no tenemos que relajarnos sino por todo lo contrario, tenemos lograr una solución definitiva a este conflicto”.

 

“He solicitado aplazar la ejecución judicial de 60 días, ya que estos vecinos no son usurpadores y si el Estado quiere y necesita estas tierras, antes de desalojarlos tendrían que darle una vivienda digna“, añadió.

 

Azcona precisó que se tratan de tres familias ferroviarias que viven desde hace más de una década en el lugar y por recibo de haberes se les descuenta un cánon por el usufructo de la vivienda.

 

“El pasado 24 de mayo les llegó una notificación de desalojo por un expediente que no sabíamos que existía, dado que nunca los notificaron del mismo y no pudieron presentar prueba alguna de que no son usurpadores esas viviendas sino que la empresa las había cedido”, explicó Azcona.



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