Un ahorrista marplatense decidió interponer esta semana un recurso de amparo ante la justicia federal por considerar un avasallamiento a sus derechos las restricciones a la compra de dólares que impuso el gobierno nacional a través de la AFIP.

 

La medida surgió luego que el damnificado intentara comprar diez dólares y fuera declarado “inconsistente” por el organismo fiscal.

 

De esta forma, se registró el primer amparo contra las restricciones para comprar divisas extranjeras, en especial, la moneda estadounidense.

 

El doctor Julio César Durán fue uno de los tantos afectados por las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con lo cual decidió presentar un amparo ante la justicia federal de Mar del Plata, siendo el primero que se registra en el país desde que entró en vigencia la polémica medida.

 

El patrocinante legal es el doctor Luis Moliterno, creador y presidente durante tres años de la entidad de ahorristas pionera en la Argentina, recordada porque realizaban marchas y otras acciones para recuperar sus ahorros en los años del “corralito“: la Asociación Nacional de Ahorristas Unidos.

 

Moliterno resaltó que “estamos frente a un estado de ribete totalmente totalitario y ante inspecciones de la AFIP propias de un estado gendarme”.

 

Vale señalar que el recurso recayó en el Juzgado Nº4 del doctor Alfredo López, el mismo magistrado que hizo lugar hace más de diez años a miles presentaciones contra el “corralito”.

 

En tal sentido, Moliterno destacó que Mar del Plata es pionera con temas relevantes y recordó que en 2008 fue el primero en interponer un amparo durante el conflicto con el campo.

 

“Ahora estamos a la espera de la medida cautelar que creo que va a ser favorable”, adelantó.

 

 

Cabe destacar que, el artículo 43 de la Constitución Nacional (CN) prevé que ante cualquier avasallamiento de derechos que se haga como consecuencia de un acto de una autoridad pública, un particular puede presentarse ante el fuero contencioso administrativo.

 

En este caso, se trató de una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuyo control involucra también al Banco Central (BCRA) y al Ministerio de Economía.

 

A comienzos de semana, el presidente de la Corte Suprema, Ricado Lorenzetti, djo que “si alguien entiende que se está afectando un derecho individual, puede recurrir a la Justicia”.



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