La Cámara de la Industria Pesquera Argentina y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas expresaron su enérgico repudio ante los graves daños causados por el incendio de la sede de la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, sin siquiera asegurarse si el personal estaba en el edificio, así como los incidentes ocurridos en la delegación de Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la Nación.

 

A través de un comunicado, se indicó que este tipo de episodios, además de generar un injustificado clima de violencia, obstruyen cualquier posibilidad de entendimiento, en un momento en el que distintos actores de la industria intentan mantener canales de diálogo abiertos para sobrellevar una difícil coyuntura y evitar el agravamiento de los problemas económicos y sociales.

 

“Esta clase de actos de vandalismo, además de provocar los daños materiales y económicos que están a la vista, constituyen claros delitos que no pueden ser justificados bajo ningún pretexto”, remarcaron.

 

“Quienes los ejercen o promueven, además de deslegitimar el sentido y la función de las organizaciones a las cuales representan, actúan sin miramientos al momento de afectar el bienestar de las personas y avasallar el derecho de otros a trabajar”, agregaron.

 

Desde ambas cámaras soslayaron que los hechos vividos en las últimas horas refuerzan, además, el significado del reclamo que acaban de realizar las entidades empresarias de la pesca de Mar del Plata, para que se le ponga fin a una metodología de protesta que viola sistemáticamente las normas constitucionales y legales vigentes.

 

En este caso, un lamentable ataque a la propiedad pública y privada perpetrado con una singular violencia, se agrega a otras acciones directas que distintas organizaciones protagonizaron en los últimos meses.

 

“La pesca ya soportó el bloqueo las terminales portuarias, sufriendo así serios e irreparables daños en la economía de Mar del Plata, de las empresas, de la mayoría de los trabajadores y en el ánimo de los empresarios”, reseñaron.

 

“Al exigir ante las autoridades la imposición de la ley para evitar que esta clase de episodios se reiteren, las entidades empresariales, pretendieron y aún pretenden recuperar las condiciones de paz social y de libertad de trabajo imprescindibles para ejercer la actividad productiva y convivir dentro del sector”, subrayaron.

 

Foto: Diego Izquierdo – revista Puerto



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