El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó una investigación penal del vicepresidente Amado Boudou por presunto “enriquecimiento ilícito” durante su gestión como ministro de Economía de la Nación.

 

El requerimiento del funcionario del Ministerio Público fue entregado al juez federal Ariel Lijo, que también tramita otros dos expedientes vinculados a Boudou, por el caso Ciccone Calcográfica y una derivación de éste, el Righi-Gabbi.

 

El dictamen de Di Lello propuso diversas medidas y coloca a Boudou en situación de imputado, así como también a su novia, la periodista de televisión Agustina Kampfer, y a los empresarios José María Nuñez Carmona y Alejandro Vandebroele.

 

La denuncia original fue radicada por Christian Sanz, director del portal digital Periódico Tribuna, y el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, habituado a realizar este tipo de presentaciones ante la Justicia. Y dio origen a la causa 1999/2000.

 

Ambos ponían la lupa sobre las empresas Compañía de Valores Sudamericana, Ciccone Calcográfica y London Supply, y sobre “las personas que participaron en las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial” de Boudou.

 

El escrito vinculó al vicepresidente con “la compra de terrenos en el exclusivo Barrio Privado del Partido de la Costa denominado Costa Esmeralda, localidad de Pinamar”.

 

También mencionó “su participación accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción” y la “sugestiva locación “simulada” del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero”.

 

Todo ello, “amén de contar con suculentas sumas de dinero depositados en cuentas bancarias locales, lo que no se condice con su sueldo de empleado público durante la última década”.

 

“La justicia debe cruzar la información de las personas y empresas antes aludidas”, propusieron e incluyeron otra lista de particulares y empresas de Mar del Plata que -según la denuncia- son “cercanas al Señor Vicepresidente”.

 

Ahora el fiscal Di Lello pidió a Lijo que impulse la causa “contra las personas y empresas mencionadas” en la denuncia y que verifique si “podrían estar involucrados como accionistas y o integrantes de las sociedades” mencionadas.

 

También solicitó al magistrado que se ordenen pedidos de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las declaraciones juradas patrimoniales de los denunciados, y resúmenes de movimientos de cuentas bancarias.



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