Organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y de profesionales presentaron públicamente hoy en Mar del Plata una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 26.734, conocida como Ley Antiterrorista.

 

Esta ley fue sancionada por el Congreso de la Nación el 30 de diciembre de 2011, como una de las condiciones impuestas por el GAFI, impulsada por la bancada oficialista con directivas del Ejecutivo nacional.

 

La polémica ley ha generado numerosos pedidos de amparo y reclamos por parte de profesionales y organizaciones civiles que ven amenazados su derecho a la protesta.

Cabe recordar que en febrero hubo denuncias por parte de organizaciones ambientales de la localidad de Belén en Catamarca donde luego de una feroz represión, varios ciudadanos fueron arrestados y procesados en primera instancia utilizando para ello la denominada Ley Antiterrorista.

 

Ante esta situación un grupo de profesionales del ISEPCI (Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana) de Mar del Plata han elaborado, bajo la dirección de la doctora Victoria Vuoto un escrito donde se pide la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.734.

 

Es de destacar que en la presentación pública realizada en la sede de la CTA estuvieron presentes el Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie, CTA, PCR, Proyecto Sur, el observatorio jurídico de la CTA, Unión de Empleados Judiciales de Nación Regional 4 (UEJN en CGT), la Federación Universitaria Marplatense, Unidad Popular, Movimiento Universitario Sur, Agrupación La Unidad, Libres del Sur quienes firmaron la presentación judicial.

 

En el marco de la presentación, Victoria Vuoto expresó: “Es necesario poner en marcha todos los mecanismos que permitan discutir la inconstitucionalidad de la ley antiterrorista, en la Justicia, en los órganos legislativos, Concejo Deliberante y legislatura de Provincia, en la Universidad Nacional, con los colegios de profesionales”.

 

“Debemos lograr el compromiso de la mayor cantidad de organismos e instituciones en combatir y denunciar la vigencia de esa ley que viola derechos humanos fundamentales y garantías constitucionales. Hacerlo es denunciar la falsa política de derechos humanos del kirchnerismo que tiene 4000 luchadores populares judicializados, lo que muestra cuan fuerte es la criminalización de la protesta social en la actualidad pero también implica fundamentalmente fortalecer el estado de derecho, donde el respeto a los derechos básicos, a la libertad de expresión, a la participación sean una realidad”, aseveró.



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