El presidente de la Sociedad Unión Israelita Argentina de Mar del Plata, Benjamín Shujman, aseguró que no hay pistas en la causa que no se hayan recorrido.

 

Destacó que el atentado a la Embajada de Israel abrió la puerta a los demás atentados en toda la región y señaló que en la justicia argentina reinan la impunidad y la inacción.

 

El vicepresidente Amado Boudou presidirá el acto central y será uno de los principales oradores en el homenaje en la sede de Arroyo y Suipacha.

 

Al igual que todos los años, a las 14.50 se oirá la sirena en la esquina de Arroyo y Suipacha, ese mismo sonido que aquella tarde del 17 de marzo de 1992 conmocionó al país.

 

Familiares de las víctimas, amigos y sobrevivientes del ataque participarán del acto para reclamar justicia, en el que se espera la presencia de autoridades del gobierno porteño y nacional.

 

La lista de oradores de este año incluye al vicecanciller de Israel, Danny Ayalon, al embajador israelí en la Argentina, Daniel Gazit y a uno de los familiares de las víctimas fatales de la explosión.

 

En declaraciones a Radio Brisas (FM 98.5), el presidente de la Sociedad Unión Israelita Argentina de Mar del Plata, Benjamín Shujman, aseguró que no hay pistas en la causa que no se hayan recorrido.

 

Schujman destacó que el atentado a la Embajada de Israel abrió la puerta a los demás atentados en toda la región y señaló que en la justicia argentina reinan la impunidad y la inacción.

 

El 17 de marzo de 1992, a las 14.45, un coche bomba estalló en las puertas del edificio diplomático ubicado en Arroyo 910, casi en la esquina de Suipacha, en el atentado terrorista más brutal sucedido en la Argentina hasta que dos años después se atacó la sede de la AMIA.

 

En ese momento no solo colapsó el edificio de la embajada, sino también un geriátrico, un convento y una iglesia, que estaban a pocos metros.

 

Aunque siempre se creyó que los muertos habían sido 29 personas, lo cierto es que sólo pudieron identificar 22 cadáveres.

 

La investigación para esclarecer la masacre estuvo a cargo desde el comienzo por la Corte Suprema de Justicia -por tratarse de una sede diplomática- y las diligencias incluyeron una cuestionada pericia en la que se hablaba de una “implosión”.

 

En aquel momento la agrupación proiraní Hezbollah se adjudicó el ataque, la misma agrupación terrorista responsabilizada por el ataque a la sede de la AMIA, donde el 18 de julio de 1994 cayeron muertas 85 personas.

 

En mayo de 2006 la Corte Suprema declaró que el caso iba a continuar abierto, situación que alivió a los familiares de las victimas, aunque no hubo avances concretos.

 

El único sospechoso que fue buscado por la Justicia fue Imad Mughniyeh, también con pedido de captura por la AMIA, pero murió en un atentado en el 2008 en Siria.



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